Segovia

La plataforma contra el ruido exige que las advertencias se traduzcan en sanciones

La tensión aumenta por momentos. Así lo pusieron de manifiesto los integrantes de la plataforma en la reunión mantenida con el equipo de gobierno a finales de septiembre. En este lapso de tiempo, se han producido algunas novedades. Los segovianos que han interpuesto denuncia en los últimos dos meses por un conflicto de ruidos han recibido una comunicación en la que se aseguraba que se había «apercibido» por escrito a los responsables de los comportamientos incívicos.

A través de este método el Consistorio requiere a los residentes «el cese inmediato de aquellas actividades que puedan generar ruidos». Es decir, que transmitan a los perjudicados niveles de «inmisión sonora» superiores a los niveles de ruido máximos permitidos establecidos por la normativa, que para el horario nocturno, de 22:00 a 8:00 horas, es de 25 decibelios.

El requerimiento, que se remite a la propiedad de la vivienda denunciada, a los afectados y a la Policía Local, incluye también una advertencia sobre las posibles sanciones, que se elevan desde los 50 euros hasta los 300.000. A su vez, indica que «de realizarse nuevas mediciones positivas, las mismas podrán considerarse como agravante»

A juicio de la representante de la Plataforma contra el Ruido en Segovia, Andreina Cannata, esta medida «no es aplicar una sanción, que por ley es lo que se tiene que hacer». El alcalde de Segovia, José Mazarías, se comprometió a tramitar nuevos expedientes y agilizar el proceso de denuncia. No obstante, los integrantes del colectivo contra los ruidos no perciben esta celeridad.

«Nos dijeron que este era un tema complicado por falta de medios y personal», declara Cannata. «Tramitar conlleva aplicar sanciones, que son de elevada cuantía en su mayoría, y apercibir nos parece que no sirve de nada», sostiene. De hecho, ejemplifica que en algunos casos en los que hay más de una denuncia, la respuesta que han recibido los denunciantes es la misma. «Se apercibe, pero no hay constancia de que termine en multa», subraya.

Muchas de las contestaciones se corresponden con procesos acontecidos hace dos años, explica la representante. «¿A quién vas a realizar el requerimiento, a alguien que ya se ha ido del domicilio?», se pregunta, e insiste en que «si el Ayuntamiento envía una nota, no es suficiente». Por tanto, el colectivo afectado por los conflictos acústicos exige que se apliquen las sanciones administrativas cuanto antes, lo que «sentaría un precedente» para evitar otros casos en el futuro.

Mazarías asegura que el compromiso adquirido por el equipo de gobierno no solamente es hacer los apercibimientos, sino «tramitar las denuncias cuando así fueran». Su tramitación «llevan un procedimiento y tiempo, pero estoy convencido que seguiremos en la línea de lo que habíamos avanzado, propuesto y comprometido», declara.

Los perjudicados intentan ser pacientes ante el tiempo solicitado. Sin embargo, al no contar con plazos concretos, se agrava el temor de que esta situación se alargue y provoque «consecuencias irreversibles» para los residentes en algunas áreas de la ciudad. «Para demasiados vecinos la situación es insostenible: las soluciones deben llegar ahora», declara el colectivo.

El camino necesario para elevar los problemas de ruido a las administraciones tampoco es fácil, lamenta la plataforma. Primero hay que dar aviso a la policía y esperar a que la patrulla efectúe las mediciones con sonómetro, que deben ser entre tres y cuatro espaciadas en el tiempo, a las que se suman otras al día siguiente para contrastar los datos obtenidos. A continuación, se formula la denuncia por escrito y se presenta en el registro municipal.

Todo ello cuando, en muchos casos, la intervención de los agentes policiales «acaba con la fiesta» y no se puede llevar a cabo la medición. «Es necesario que se facilite este trámite e incluso que no sea necesario», defiende Cannata, en referencia a que, si desde la calle se observa que se superan los decibelios consentidos, «se actúe de oficio».

Esta es la explicación que atribuye a que, pese al elevado número de intervenciones que se realizan por problemas de ruido, no siempre se interpone una denuncia. En tan solo una semana, la Policía Local ha mediado en un total de quince conflictos acústicos en los diferentes barrios de la capital, según recogen los últimos partes de incidencias.

La plataforma cumple más de medio año de andadura pero descarta que se hayan producido mejoras sobre la situación del ruido en la ciudad a raíz de una mayor concienciación. «No hemos visto cambios significativos», reconoce la representante. Tan solo se notó una «mayor presencia policial» para vigilancia exterior tras la reunión con las autoridades municipales.

Si bien es cierto que las fiestas en pisos de estudiantes es una de las cuestiones más llamativas y están detrás de múltiples denuncias cada día, «el ruido proviene de muchas otras fuentes». Es el caso de bares, restaurantes, calles con acumulaciones de gente, obras, y reformas de locales o viviendas para su posterior alquiler.

Durante el festivo navideño, los universitarios regresarán a sus casas, pero «proliferarán los eventos en la calle», puntualiza Cannata. Es el caso de la popular Tardebuena organizada en la Plaza Mayor. «Sabemos que se va a celebrar, para los residentes es algo parecido a lo que viven en las fiestas: hay mucha gente, música, ruido y suciedad. También más cenas de empresa y bares abiertos hasta más tarde», informa. «Hay gente que se tiene que ir de sus casas, sus historias son tremendas», concluye la representante.