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Ambiental y socialmente insostenible. Así es que como la plataforma 'Cega, el río que nos une' denomina el proyecto para la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de mejora del regadío en la zona norte de la comarca del Carracillo, señalando ... que el mismo es el 'expolio' del agua del río y del acuífero subterrano que se sitúa bajo los montes públicos y privados de parte de la tierra de pinares de la provincia.
Denuncian que la Comunidad de Regantes El Carracillo, «amparada por la Junta de Castilla y León continúa su insaciable apetito de agua para regar 'sus' fresas y hortalizas», señalando que para ello quieren el agua del río Cega, declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natural 2000; y del acuífero subterráneo que se encuentra bajo los pinares de los vecinos de Gomezserracín y del Monte de Utilidad Pública 48, propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar.
Una denuncia pública que llega después de que la semana pasada, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y otras autoridades pusieran la primera piedra de un proyecto que, para la plataforma es «agroextractivista», y sobre el que critican que las administraciones cedan los bienes públicos a unas pocas empresas privadas.
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Unos bienes entre los que destaca el agua, un recurso natural que apuntan que es limitado, señalando que la agricultura intensiva de regadío del Carracillo ha sobreexplotado ya los dos acuíferos subterráneos de sus municipios «y ahora pretenden hacer lo mismo con el río Cega y el acuífero subterráneo en los pinares públicos y privados de la zona de Gomezserracín».
Otro bien al que hacen referencia son las cañadas, vías pecuarias de dominio público «con unos usos y fines muy concretos, acordes con su naturaleza, el desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente», que, a su juicio, no pueden servir al desarrollo agrícola insostenible de la Comunidad de Regantes del Carracillo, en un proyecto que pretende construir sobre ellas infraestructuras, tales como balsas y sondeos, con las que infiltrar, de diciembre a mayo, y extraer, desde marzo hasta octubre, el agua del subsuelo, lo que, según destacan provocará estrés hídrico en más de mil hectáreas de pinar.
Por último, señalan los Montes de Utilidad Pública, dos de los cuales se verán afectados por el proyecto por la construcción de balsas y sondeos «para explotar el acuífero y enviar agua a la agricultura intensiva de regadío de la zona noroccidental del Carracillo», ante lo cual se preguntan cómo puede prevalecer el interés particular de la comunidad de regantes sobre la utilidad pública del monte.
La plataforma 'Cega, el río que nos une' viene manteniendo desde el inicio de la tramitación de la tercera fase del proyecto, que el mismo es insostenible para la viabilidad de la flora y fauna del río, su ribera y los pinares de Gomezserracín, y ahora señalan que también lo es socialmente, pues «se está produciendo una cesión de bienes públicos a manos privadas para que se enriquezcan unas pocas empresas». A ello se suma, según denuncian, que se pone en riesgo el abastecimiento del agua de boca a las poblaciones por la contaminación de las aguas subterráneas, por pesticidas, fertilizantes y arsénico, «debido a la agricultura intensiva», un agua del que bebían la mayoría de los pueblos de la comarca, «que han tenido que dejar los pozos de los que se abastecían para el consumo y buscar las aguas superficiales de los ríos Cega y Eresma».
La agrupación en defensa del río Cega, formada por asociaciones ambientalistas y particulares, viene trabajando durante todo este año contra este proyecto que «pretende expropiarnos el agua y los pinares, premiando a quien contamina y sobreexplota», en concreto presentando recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid contra varias resoluciones dictadas para realizar este proyecto, como la autorización y modificación de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales; el acuerdo por el que se autoriza y declara la utilidad pública, el interés general y la urgente ejecución de las obras; la aprobación del plan de obras o la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental.
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