Una de cada cinco inspecciones en las 95 piscinas al aire libre de Segovia detecta alguna infracción

El nuevo responsable de las piscinas de La Albuera se ha hecho cargo de las podas, el jardín o de llenar el vaso, así como de poner a punto el bar que también se pondrá en servicio. Por su parte, el Ayuntamiento ha acometido reformas en los vestuarios, las cabinas y las jambas, que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo. Además, han instalado un vinilo en las bancadas para darle un aspecto «más limpio y diáfano», según detalla la concejala de Deportes, Marian Rueda.

En cuanto a los precios, Rueda aclara que en la instalación municipal se mantendrán los de los últimos años: entrada gratuita para los menores de dos años, 1,50 hasta trece años y 3,60 euros la entrada puntual para mayores de 14 años. También habrá bonos y descuentos.

En la provincia de Segovia hay 23 piscinas cubiertas, ocho de titularidad pública y quince privadas. En ellas, la Junta de Castilla y León llevó a cabo en 2018 un total de 192 inspecciones y 324 controles de desinfectante. En el caso de las piscinas al aire libre o descubiertas, la cifra asciende a 95, de las cuales 69 son públicas y 26 privadas. A lo largo de 2018 se llevaron a cabo 513 inspecciones en todas ellas, 552 controles de desinfectante y 412 de PH. En total se registraron 91 incumplimientos, la mayoría se corrigieron de inmediato y el resto en un plazo breve de entre 4 y 24 horas.

Segovia tan solo cuenta con una zona de baño natural autorizada de las 30 que existen en la región, el embalse de Linares en Maderuelo. El año pasado la Junta realizó un total de 15 inspecciones en este embalse y tomó 15 muestras, dos de ellas con resultado negativo debido a contaminación microbiológica, lo que conllevó que se clasificara el agua como «no apta para el baño» durante dos semanas, del 16 al 22 de julio y del 30 de julio.

La estadística refleja que Segovia es una provincia tranquila en lo que respecta a los accidentes en medios acuáticos. Entre los principales motivos para que sea así destacan el hecho de que se trata de un territorio de interior y que cuenta con una meteorología que reduce de forma notable la temporada de baño. No obstante, todos los años se registra algún accidente mortal y, normalmente, varios en los que socorristas o servicios e emergencias logran rescatar a las víctimas.

En lo que va de año no habido ningún accidente de este tipo. Sin embargo, en 2018 fueron cinco, uno de ellos mortal. Este tuvo lugar en el río Eresma, donde en el mes de noviembre se ahogó un hombre, en las proximidades del Puente de San Lorenzo. El 1 de junio se registró otro incidente, pero sin consecuencias graves, en el municipio de Bercimuel, donde rescataron dos coches que habían quedado atrapados por una riada en el arroyo del municipio. En los últimos seis años son siete las personas fallecidas por ahogamiento en la provincia.

Las cifras a nivel nacional no son esperanzadoras en este tipo de accidentes. Demuestran que la conciencia ciudadana todavía es escasa. En lo que va de año han sido 82 los muertos por ahogamiento, 67 hombres, 15 mujeres y 2 niños, y el número de incidentes se eleva a 154. El año pasado cerró con 470 fallecidos, de los que 353 fueron hombres y 32 niños,. Además, hubo 872 incidentes. En Castilla y León se registraron, según la Escuela Segoviana de Socorrismo, un total de 35 accidentes de este tipo, de los que 22 fueron mortales.

El hecho de que las víctimas mortales hayan disminuido en 72 a nivel nacional entre 2017 y 2018 no se debe a una mayor prudencia, según el responsable de investigación de la Asociación Española de Técnicos de Socorrismo y director de la Escuela Segoviana de Socorrismo, Luis Miguel Pascual, quien lo achaca a la meteorología.

En este sentido, explica que 2017 fue un año muy propicio para el baño porque hizo muy bueno entre abril y noviembre. Sin embargo, el año pasado el calor tardó más de lo habitual en llegar y la temporada de baño fue más corta. Uno de los patrones que se repiten año tras año es el del sexo de los fallecidos por ahogamiento, entre el 70% y el 80% son hombres. Tal y como argumenta, Pascual esto se debe, en primer lugar, a una cuestión de comportamiento, ya que los hombres suelen ser más imprudentes que las mujeres. Además, realizan más actividades en el agua.

Por el contrario, una tendencia que ha cambiado es la edad de las víctimas. Cada vez son personas más mayores las que sufren este tipo de accidentes. Esto se debe a que la gente joven tiene «una mayor cultura del agua» que las personas de avanzada o mediana edad. Con los años el número de piscinas se ha multiplicado y son mucho más accesibles. Sin embargo, antes era poco frecuente que los pueblos o las urbanizaciones contarán con estas áreas de baño, por lo que el interés y las posibilidades de aprender a nadar eran menores y la población más mayor suele tener problemas para defenderse con soltura en el agua.

Asimismo, Pascual advierte del elevado riesgo que entrañan determinadas zonas de baño naturales que no están reguladas y no cuentan con vigilancia como ríos, embalses o pantanos porque en ellas se producen la mayoría de los accidentes mortales en las localidades de interior. Las corrientes, los desniveles inesperados y las rocas son factores de riesgo en estos espacios. En la provincia no solo los accidentes con final trágico suceden en estas áreas de baño naturales, sino también gran parte de los rescates con o sin consecuencias.

Pascual también hace un llamamiento a la necesidad de extremar las precauciones cuando los hay niños en el agua y recuerda que la vigilancia no solo se tiene que producir cuando se sale de casa porque el 80% de ahogamientos mortales de menores se producen en las piscinas privadas. La mayoría no tienen vallado o cualquier otro tipo de protección que impida el acceso de los menores. Además, alerta de que abandonar la vigilancia, aunque solo sea unos segundos puede tener consecuencias fatales. Según este experto, los niños no hacen ruido, no chillan, ni lloran cuando se ahogan, por lo que es muy difícil intuir el riesgo que pueden estar corriendo.

Las imprudencias y la falta de respeto a los medios acuáticos motivan muchos de los accidentes. Pascual lamenta que las instituciones sigan sin invertir «ni un solo euro» en medidas de protección avanzadas y campañas de prevención, ya que una media anual de 450 muertos por esta causa«es una cifra suficientemente dramática».

Por otra parte, advierte de que las piscinas necesitan una legislación homogénea en todo el territorio nacional, más definida, amplia y moderna y aun así admite que están mucho mejor reguladas que las playas, que carecen de cualquier tipo de normativa de seguridad. Como ejemplo, señala que, en las piscinas públicas, es decir, todas excepto las que se encuentran en casas particulares o urbanizaciones, tienen la obligación de contar con socorrista, algo que en las playas no sucede.

El problema de base para las zonas de baño y su seguridad es que cada comunidad autónoma tiene una normativa diferente y la incertidumbre es muy grande. La situación de comunidades como Castilla y León es todavía más vulnerable, ya que «las exigencias son mínimas y, por tanto, los riesgos se maximizan», según el director de la Escuela Segoviana de Socorrismo. Es cierto que la Junta establece la obligatoriedad de que las piscinas públicas tengan socorrista. No obstante, la formación de estos profesionales, así como los reciclajes que deben de realizar periódicamente no están regulados.