Piden al Ayuntamiento más de medio millón de euros por la parcela del CIDE

Los dueños de los terrenos han remitido su petición al TSJ con la intención de que el Ayuntamiento de Segovia acepte los 550.000 euros propuestos, cantidad que podría ascender hasta los 915.000 euros si las otras dos quintas partes titulares del suelo reclaman a su vez una compensación. Hasta el momento, el 40% de la propiedad ha comunicado que prefiere esperar al desarrollo urbanístico del sector de Prado Bonal, donde tienen derecho a edificabilidad debido a la ocupación directa del suelo por parte del Consistorio. En caso de que autoridad local no acepte la cuantía económica solicitada por el 60% de los dueños del suelo, estos anuncian la interposición de una demanda.

El conflicto judicial por el valor de los terrenos del CIDE y aledaños al edificio suma así un nuevo capítulo a un proceso que se alarga ya durante casi una década y que en realidad comenzó en 2009. Fue entonces, con el gobierno municipal de Pedro Arahuetes, cuando el Ayuntamiento de la ciudad decidió ocupar el suelo sobre los que edificar todo el proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). En lugar de expropiar los terrenos, el Consistorio propuso compensar a los propietarios de las parcelas con la edificabilidad correspondiente en el sector de Prado Bonal, alternativa aceptada por la mayor parte de los afectados.

Sin embargo, los ahora reclamantes de los 550.000 euros no aceptaron y en 2016 solicitaron el justiprecio por el valor de las parcelas. Decidieron hacerlo en esa fecha porque se cumplían ocho años de la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), normativa que recogía el desarrollo urbanístico de Prado Bonal, terrenos donde tenían derecho a edificar. Al esperar ese tiempo sin observar avances en el proyecto del sector ubicado entre la SG-20, la carretera de San Rafael y Nueva Segovia, optaron por denunciar al Ayuntamiento y reclamar hasta 1,5 millones de euros por las parcelas, un montante que incluye el valor del suelo y las indemnizaciones.

Los tribunales dieron la razón a los propietarios y concluyeron que la autoridad local debía compensar económicamente a los demandantes por la ocupación de sus parcelas. Entonces comenzó la disputa acerca de la cuantía que el Consistorio debía abonar, con cifras que iban desde los 1,5 millones exigidos por los titulares a los poco más de 3.000 euros defendidos por la Administración municipal.

Las causas de semejante diferencia en la valoración de los terrenos son numerosas y variadas, ya que los cálculos dependen de la calificación urbanística de las parcelas, la extensión o el valor del metro cuadrado en operaciones similares. Finalmente, fue la Comisión Territorial de Valoración la que en 2019 decidió fijar el precio que debía abonar el Ayuntamiento: poco más de 3.500 euros. Este órgano colegiado, dependiente de la Junta de Castilla y León, consideró, entre otras cuestiones, que se trataba de una superficie de poco más de 6.200 metros cuadrados -y no 9.400 como defienden los propietarios- y que se trata de suelo rústico, pese a que el PGOU contempla este entorno como suelo urbanizable.

Los dueños de los terrenos afectados no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Comisión Territorial de Valoración, motivo por el cual presentaron un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en el que pedían la nulidad del precio fijado por el organismo autonómico. En su reclamación, insistieron en que la parcela de su propiedad ocupada tenía una superficie de 9.400 metros cuadrados, era suelo urbanizable y el precio del metro cuadrado podía ascender hasta 305 euros, cálculo realizado en base a operaciones similares llevadas a cabo hace años y durante la permuta de terrenos con el Ministerio de Defensa.

No obstante, el TSJ tan solo da la razón en una parte a los demandantes. Aunque reconoce que la comisión de valoración no determina ni precisa la normativa a seguir para acordar el citado justiprecio -los 3.500 euros establecidos por los terrenos-, concluye que su estimación del coste del suelo está ajustada a derecho y, por lo tanto, es correcta.

Precisamente, en la misma sentencia añade que en el precio final a abonar por el Ayuntamiento se debe sumar a esos 3.500 euros una «indemnización por la facultad para participar en actuaciones urbanísticas de nueva urbanización». El tribunal no fija el importe de esa compensación, pero sí establece que debe ser inferior a la cantidad final que solicitaron los propietarios del suelo -918.000 euros- y que la cifra se debería fijar durante la ejecución de la sentencia.

Transcurridos más de dos años del fallo del TSJ, la parte actora ha transmitido su petición al Consistorio, reclamando 183.000 euros para cada uno de los tres propietarios. A la hora de realizar el cálculo insisten en que la superficie afectada por la ocupación suma 9.400 metros cuadrados al considerar que la propia Administración municipal ha inscrito a su nombre el suelo con dicha extensión. Según ese mismo cómputo, el precio del metro cuadrado en esta zona sería de 97,75 euros.

La parcela que es objeto del conflicto entre el Ayuntamiento de Segovia y sus antiguos propietarios es solo una pequeña parte de la superficie de terrenos que en su día estuvo reservado para el desarrollo del Círculo de los Artes y la Tecnología (CAT), proyecto que con el paso de los años ha quedado reducido únicamente a un edificio, el CIDE, que además tendrá un uso completamente diferente al previsto: dos de sus plantas se convertirán en los próximos meses en dependencias municipales del Consistorio.

El total del suelo previsto para todo el proyecto del CAT era de casi 170.000 metros cuadrados y abarcaba terrenos que eran tanto de titularidad privada como pública. Con los solares pertenecientes a particulares, la autoridad local apostó por la ocupación directa a cambio de edificabilidad en Prado Bonal, sector situado a las afueras de la capital segoviana cuya junta de compensación se disolvió hace años. En el caso de que todos los dueños de parcelas ocupadas decidieran reclamar el justiprecio con los mismos valores que especifican los tres propietarios que llevaron al Ayuntamiento ante los tribunales, la cuantía de las indemnizaciones exigidas superaría los 15 millones de euros.