Piden 52,5 millones de euros por fraude para un empresario con sede en el Real Sitio

Según el escrito del Ministerio Público en el que se exponen las conclusiones provisionales, el primero de los acusados solicitó en diciembre de 2010 una ayuda al Ministerio de Industria para la construcción de una planta de cogeneración con biomasa forestal en Cedeira (La Coruña). Recibió 2,3 millones de euros a través de un préstamo reembolsable con un interés del 0% que debía devolverse antes de julio de 2012, con la justificación de los pagos en octubre de ese mismo año.

Del mencionado préstamo no se devolvió cantidad alguna salvo 460.000 euros y no constan efectuadas todas las actuaciones para las que se solicitó la ayuda. De hecho, se intentó visitar la instalación para comprobar las inversiones pero no se permitió el acceso al interior. Igualmente, el administrador de la empresa presentó justificantes de pago y facturas de otra empresa -cuyo administrador es el otro encausado- que no habían sido pagadas y que no tenían relación con el expediente. En 2016 se inició el expediente por el que se exigió la devolución de 1,6 millones de euros del préstamo y 504.000 euros por intereses de demora.

La misma fórmula fue empleada en junio de 2012, cuando el administrador de la empresa solicitó una ayuda al Ministerio de Industria para llevar a cabo un proyecto de pellets industriales sin huella de carbono en la misma localidad coruñesa. La ayuda concedida era de 3 millones de euros y las inversiones y los gastos debían realizarse antes del 31 de junio de 2013.

Según la Fiscalía, nunca devolvió cantidad alguna y no constan efectuadas todas las actuaciones para las que solicitó la ayuda. También intentó justificar el cumplimiento de la inversión con facturas de varias empresas «inveraces en su importe, concepto y entidad que las expedía». Por ello, en 2016 se exigió la devolución de los 3 millones de euros, así como más de 500.000 euros en concepto de intereses de demora y financieros.

En junio de 2013 el mismo empresario solicita una nueva ayuda, en esta ocasión para una planta de operación sobre la biomasa forestal. La ayuda es de 2 millones de euros, con la condición de que debe ejecutarse en dieciocho meses. Repite el mismo procedimiento que en los dos anteriores casos, por lo que se exige la devolución del ayuda y 270.000 euros por intereses de demora y financieros.

Un año más tarde, en julio en 2014, vuelve a pedir una ayuda para la misma empresa al Ministerio de Industria para la construcción de una planta de fabricación de pellets con biomasa forestal en Valsaín. La ayuda es de 1,5 millones de euros. Nunca se devolvió cantidad alguna y no se desarrolló actividad alguna en el núcleo del Real Sitio de San Ildefonso. De hecho, ni siquiera se solicitó al Ayuntamiento la licencia de actividad.

El mismo acusado, con una segunda empresa que también tiene domicilio fiscal en el Real Sitio, también obtuvo una ayuda de 2,5 millones de euros en 2012 para construir una fábrica de calderas térmicas de biomasa en As Somozas (La Coruña). Desde la cuenta en la que se ingresó la ayuda se realizaron gran cantidad de cargos variados sin relación con el proyecto, entre ellos transferencias a favor de la primera de las empresas del acusado. De nuevo, no devolvió cantidad alguna y no fueron efectuadas las actuaciones para las que se solicitó la ayuda, siempre según los hechos que considera probados el Ministerio Público.

En total, las dos empresas del primero de los dos encausados mantienen una deuda de 11,8 y 3,6 millones de euros respectivamente.

Por otro lado, el segundo acusado, con una tercera empresa del Real Sitio de San Ildefonso, solicitó en 2016 una ayuda al Ministerio de Industria para un proyecto denominado 'Creación de establecimiento industrial en Jaén para fabricación de contenedores térmicos alimentados con hueso de aceituna y biomasa local«. La ayuda era de 1,1 millones de euros con un plazo de amortización de 10 años. Al igual que en los otros cinco expedientes, ni se ha devuelto cantidad alguna ni se han efectuado ninguna de las actuaciones para las que se solicitó la ayuda. De hecho, no llegó a existir centro de trabajo alguno de esta empresa en Jaén. En este caso, también se presentaron facturas y justificantes de pago «absolutamente falaces y simulados en todos sus elementos».