La petición de ayuda a Carrascal del Río y Cantalejo enfrenta a los grupos políticos

El pleno de la Diputación retomó ayer la actividad ordinaria con una sesión que comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género fallecidas en el último mes. Además, se aprobó una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata de personas en la que se indica que «debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las personas vulnerables sean explotadas» y por ello la institución provincial se compromete a «instar al Gobierno autonómico, dentro de su marco competencial, a continuar impulsando las medidas necesarias para el desarrollo de una estructura de apoyo multidisciplinar para las víctimas, generar conciencia social contraria a la compra y consumo de prostitución y a la imagen vejatoria que se proyecta de las mujeres e instrumental de los menores; y al Gobierno de España a aprobar una Ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución como forma de esclavitud organizada y mafiosa».

Antes de la lectura de la declaración, se dio cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto 2020 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en el turno de mociones, los grupos popular y mixto rechazaron las dos presentadas por el PSOE.

La primera de ellas relativa a la ejecución de proyectos de depuración de aguas residuales en municipios de menos de 500 habitantes fue defendida por el diputado Borja Lavandera, que destacó la importancia «de tener una conciencia social con el medio ambiente, por lo que este asunto es clave par la sostenibilidad de nuestro entorno, así como implantar sistemas de depuración más ecológicos». El portavoz del grupo mixto Ángel Jiménez aseguró «compartir íntegramente su exposición, pero vamos a rechazar su moción porque es algo que ya se está haciendo». Al hilo de esto, el portavoz del PP, José María Bravo dijo que la moción llega tarde porque el «compromiso del presidente con este asunto está dando sus frutos y en breves fechas se firmará el convenio con la Junta de Castilla y león, un acuerdo que se ha dilatado en el tiempo a causa de la pandemia, pero del que siempre nos hemos preocupado y ocupado desde este Equipo de Gobierno». Bravo anunció además que el dinero presupuestado para este ejercicio «gastará en ello, pero no hay que olvidar que es un proyecto para toda la legislatura, no sólo de un año».

En cuanto a la segunda moción presentada por los socialistas para establecer un plan de recuperación socioeconómico de pueblos afectados por el confinamiento, el portavoz Máximo San Macario expuso que la Diputación «debe ser solidaria con Cantalejo y Carrascal del Río y apostar por una ayuda a través de bonos comercio porque es el tejido que más ha sufrido con el confinamiento». Para el grupo mixto, apoyar la propuesta supondría «un agravio comparativo con otros municipios en caso de que tuvieran que ser confinados y se necesitarían más de cinco millones de euros para llegar a todos los pueblos si se produjera un confinamiento total de la provincia». En esta misma línea basó sus argumentos el PP, cuyo portavoz tachó de «irresponsable, hipócrita y demagoga» la moción. José María Bravo señaló que los empresarios de Cantalejo «no piden bonos, sino apoyo institucional por nuestra parte en su campaña Sonríe Cantalejo, que se lo hemos dado desde el primer minuto, y exenciones fiscales al Gobierno de España». Además, Bravo recordó que la Diputación «ha estado y está implicada con las necesidades de esta zona, pues hasta allí han llegado más de 20.000 euros en ayudas del Programa Segovia, Provincia Reactiva a aquellos que lo han solicitado». «Es un ejercicio de responsabilidad decir no a esta moción, ya que nuestras líneas de ayuda son para todos los pueblos iguales porque nuestro proyecto es para toda la provincia, no para dos municipios», añadió.

En este punto, el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, cerró el debate: «Si cualquier sector tiene necesidades, la Diputación va a seguir estando ahí como hemos estado los seis últimos meses, pero hacer las excepciones que pide el grupo socialista puede ser problemático».