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Un particular que quiere comprar la estación de Ortigosa pide la nulidad de su declaración de ruinaNo se lo pensó dos veces y en cuanto supo por las noticias del peligro que corría la estación de ferrocarril de Ortigosa de Pestaño, sin uso desde 1993 y abandonada a la ruina, envió a Adif una oferta formal de compra o arrendamiento del ... inmueble, y ayer solicitó al Ayuntamiento de Ortigosa la nulidad de la declaración de ruina y de la licencia de demolición. Es Jesús López, un ingeniero aeronáutico de 73 años, segoviano de nacimiento pero afincado en Sevilla.
«Voy dando pasos. El primero era presentar una oferta de compra o arrendamiento. Lo hice el martes por la tarde. Y hoy [por ayer] he solicitado la nulidad de la declaración de ruina que en su día presentó el Ayuntamiento y de la licencia que concedió al Adif para que lo derribara. Lo único que quiero es que la estación siga en pie, no me mueve otro interés», asegura.
Desde que el pasado viernes dos vecinas consiguieron aplazar el comienzo de la demolición y acudieron a las redes sociales para lanzar un SOS y movilizar a la sociedad contra el derribo de la estación, las novedades se han sucedido en cascada. El lunes se pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, que emplazó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente de su departamento, a hablar con el Ayuntamiento para buscar una solución. El martes por la tarde, Adif recibió la «oferta de arrendamiento o compra» de Jesús López. «Veo con vergüenza y dolor que paisanos míos necesiten pelear para la no demolición de la estación de ferrocarril de Ortigosa de Pestaño», dice el interesado en el mensaje enviado telemáticamente a Adif, donde deja claros sus propósitos: «Mi ofrecimiento es arrendar (o comprar) la citada estación para dedicarla a fines turísticos, evitando así que sea expoliado un patrimonio histórico de todos los segovianos, entre los que tengo el honor de incluirme».
Jesús López propone a Adif dos opciones: un arrendamiento por un plazo de ocho años, prorrogable a otros ocho, con una renta mensual de 500 euros y la obligación de devolver el inmueble en estado de uso; o la compra del edificio, por un importe de 10.000 euros, con el compromiso de rehabilitarlo «en el plazo máximo de un año y ponerlo en servicio a fines que no desdigan su condición». López entiende que, con su oferta, Adif se ahorrará, al menos, el dinero de la demolición, «que no será poco, mínimo 100.000 euros, teniendo en cuenta el coste del derribo y la retirada de escombros muy delicados, pues probablemente haya amianto. Además, Adif se estaría evitando la vulneración de la normativa, porque no está legitimado para derribar un bien que forma parte del patrimonio histórico industrial de España».
No obstante, como el Ayuntamiento de Ortigosa había acordado la declaración de ruina del inmueble y autorizado su demolición, el interesado ha pedido la anulación de ambos acuerdos, «que resultan incompatibles con mi oferta de compra o arrendamiento». Con ello gana tiempo porque, jurídicamente, el movimiento interrumpe la hoja de ruta de Adif. «La jurisprudencia del Supremo dice que, mientras esté pendiente de resolverse una suspensión, el órgano administrativo no puede ejecutar. El Ayuntamiento puede desestimar mi instancia mañana mismo, pero yo lo recurriría en el contencioso -y ya digo que lo haría- y la suspensión volvería, con lo que no podrían demolerlo hasta dentro de un par de años por lo menos. Así que no hace falta que haya allí nadie de guardia. Jurídicamente no pueden tocarlo».
La instancia fundamenta parte de sus argumentos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Es cierto que la estación de Ortigosa no está catalogada como Bien de Interés Cultural, pero la norma considera de Interés Cultural los bienes a que se contrae el Decreto 571 / 1963, cuyo artículo primero dispone que los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea más de cien años «no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna» sin previa autorización. En este caso, «no existe duda de que se trata de un inmueble de incuestionable relevancia, con más de cien años de existencia [es de 1915], lo cual le otorga el carácter de «histórico protegido», ex lege», reza la instancia.
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Jesús aún no tiene planes concretos para el futuro de la estación. Lo primero que persigue es que el edificio siga en pie. «Lo de la oferta fue un movimiento espontáneo. Luego he reflexionado más y me gusta la idea de hacer allí algo, pero no quiero entrar en competencia. Tengo 73 años y mi vida no gira en torno a esa estación. Si hay gente interesada, me repliego y ya está. También estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con otros aspirantes. De momento, a Adif no le va a quedar más remedio que negociar con el Ayuntamiento, conmigo o con quien sea, o sacarlo a concurso y venderlo, porque, legalmente, no puede demolerlo. No veo a Adif en condiciones de saltarse la ley de una manera tan descarada».
Por su parte, la alcaldesa de Ortigosa de Pestaño, Milagros Alonso, sigue sin querer pronunciarse ni ofrecer información alguna «hasta que todo esté resuelto».
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