El Palacio de Justicia de Segovia sufrirá un nuevo retraso al ser necesaria una nueva licitación de las obras

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, insistió ayer en los deseos manifestados durante la primavera por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y por la exdelegada del Gobierno, Virginia Barcones, quienes en sus últimas visitas a la ciudad mostraron su confianza en una rápida resolución del problema. Pero la representante del Gobierno central en la provincia fue un paso más allá y expresó su esperanza de que antes de que acabe 2019 el Ministerio de Justicia pueda sacar de nuevo a licitación las obras del edificio. «Espero que de aquí a final de año se pueda sacar de nuevo porque los trabajos se están realizando correctamente», explicó Martín.

Si la licitación se produce durante los últimos meses del año, los plazos administrativos para la presentación de ofertas y adjudicación de las obras conducirían a una reanudación de los trabajos bien entrado 2020, fecha que haría prácticamente imposible que el edificio pudiera estar acabado en 2021, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial. «El Ministerio está tratando de agilizar el proyecto», expuso en mayo la nueva delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien señaló la lentitud de los procesos de adjudicación y licitación pública.

A falta de clarificar los plazos para la reanudación de las obras, el camino escogido por el Ministerio parece mucho más claro. Se optará por la redacción de un nuevo proyecto y la licitación de los trabajos que queden pendientes –pese a ser un proceso que puede ser más dilatado en el tiempo– en lugar de por una negociación de un convenio de cesión de transferencias de obligaciones a una nueva empresa. Esta solución fue barajada por la administración tras la solicitud del concurso de acreedores de Uncisa (la segunda de las empresas a las que se adjudicaron las obras), pero finalmente ha sido desestimada por el Ministerio, que prefiere la mayor seguridad que ofrece una nueva licitación. «Se trabaja en la resolución del contrato», declaró la subdelegada del Gobierno. «Son las empresas que contrató el Ministerio de Justicia las que desgraciadamente cayeron en un concurso de acreedores y es un tema que está judicializado. Se está tramitando por parte de los servicios jurídicos del ministerio con el objetivo de llegar a un acuerdo y sacar de nuevo la licitación del proyecto».

El nuevo plan para la conclusión del edificio no tendrá grandes modificaciones con respecto al inicial, adjudicado a finales de 2015 a la empresa Corsan-Corvian por casi 15 millones de euros y con un plazo de ejecución de 55 meses. «Lo que habrá son adaptaciones a la nueva legislación y a los nuevos precios y condiciones económicas que tuvieran que fijarse», explicó Lirio Martín sobre las características del nuevo proyecto que espera salga a licitación durante 2019.

Uno de los asuntos que se recogerán en el nuevo contrato es el dinero que se necesitará invertir para concluir el Palacio de Justicia. Con el edificio parado desde el pasado verano, la programación plurianual del proyecto contemplaba en 2019 una inversión de 1,5 millones de euros que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo. Para 2020 estaba prevista una inversión todavía mayor, de 6,4 millones de euros, mientras que para 2021, año en el que se preveía la finalización de las obras, se esperaba una dotación económica de 1,45 millones. En total, 9,35 millones de euros.

La construcción del nuevo Palacio de Justicia es una demanda histórica de abogados y jueces de la ciudad. En la última memoria hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, destacaba la necesidad de este espacio ante la dispersión de sedes en la ciudad y recordaba que las obras ya estuvieron paradas en 2017 durante varios meses por la entrada en concurso de acreedores de Corsan-Corviam. Tras su reanudación, en agosto de 2018 los trabajos volvieron a paralizarse por los problemas económicos de Uncisa, empresa a la que se cedió el 20% de los trabajos tras la primera paralización.