Padres del colegio de Bernardos se movilizan contra la «discriminación» que supone perder un aula

La Dirección Provincial de Educación ha respondido este mismo martes a los escritos de la asociación para explicar la nueva situación, que es fruto de la aplicación de la norma vigente en cuanto a ratios de alumnos por aula. Así lo asegura la responsable provincial, Resurrección Pascual, quien pone de manifiesto que la reorganización responde al cumplimiento de los baremos estipulados, por lo que rechaza de plano que se haya cometido ningún tipo de irregularidad o de trato discriminatorio, como se quejan las familias.

En concreto, Pascual detalla que cuando el centro posee entre cuatro y once alumnos, se dota de una unidad; dispondrá de dos cuando el alumnado esté entre doce y veintiocho estudiantes, y el número de clases sube a tres cuando hay entre veintinueve y cuarenta y cinco escolares matriculados.

En el caso de Bernardos, la directora provincial de Educación especifica que el ejercicio académico pasado contó con tres unidades por que había veintinueve niños apuntados; sin embargo, esa cifra ha bajado a veinticinco pata el curso 2019-2020, por lo que se queda en las dos aulas que le corresponden según la norma, insiste Resurrección Pascual, quien apostilla que, «conscientes de la situación, se les ha reforzado con un profesor y medio más para que se organicen correctamente».

Sin embargo, la lectura que hace la asociación es muy diferente. La portavoz expone que una de las consecuencias de esta reordenación de cara al curso que viene será que «los veinticinco niños matriculados en el centro para el próximo curso, de edades comprendidas entre los 3 y 11 años, dispongan solo de dos profesoras tutoras». Almudena Herranz critica la medida ya que «va a haber clases en las que tengan que convivir alumnos de primero de Infantil con los de segundo curso de Primaria».

Es decir, «mientras unos niños están, por ejemplo, haciendo churritos de plastilina, otros estarán aprendiendo la tabla de multiplicar», una circunstancia que para las familias acarrea «la reducción en la calidad de la educación que como ciudadanos tenemos derecho a recibir». Y más concretamente, la supresión de una de las tres unidades que posee el colegio de Bernardos en el CRA El Pizarral supone «una discriminación para los niños y la población en general del medio rural y un atentado contra la igualdad de oportunidades».

Esta desigualdad de la que se queja la asociación es «aún más hiriente» cuando los habitantes de los pueblos escuchan de unos y otros partidos políticos su preocupación por el fenómeno de la 'España vaciada' y de la sangría demográfica que padecen los entornos más periféricos.

Almudena Herranz deduce que la medida de la Junta va a traer consigo «la limitación en temas pedagógicos, a pesar del esfuerzo que sabemos que hacen los profesores». Además de perder un aula y de la mezcla de cursos, las familias del colegio de Bernardos sienten que la consiguiente retirada de dos maestros «estrangula la educación de nuestros hijos». El esta línea, la asociación de padres lamenta que el Ejecutivo regional trate a los alumnos «como números sin valorar las peculiaridades de la escuela rural».

Por su parte, la directora provincial de Educación niega estas acusaciones. Pascual afirma que «la Junta mima y atiende al medio rural y además es muy sensible con la dotación de profesorado». Añade que el caso del colegio de Bernardos no es el único y que hay más centros que, al perder población infantil, tienen que reordenar las unidades. En cualquier caso, y para tranquilizar a los padres, Resurrección Pascual asevera que «la dotación de profesores llega a todas las aulas».

Las movilizaciones por la asociación de padres van a continuar mientras «estén nuestros hijos en juego», incide la portavoz del colegio. El colectivo de las familias recrimina a la Junta de Castilla y León que «la reducción de unidades en el CRA El Pizarral atenta seriamente contra la igualdad de oportunidades» y reitera que la pérdida de un aula significa «una discriminación más del medio rural» frente a la educación que se brinda en las zonas urbanas.

La asociación ampara su reivindicación de mantener las tres aulas en la orden educativa en la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. El desarrollo de dicha norma, a través de un Real Decreto, regula las ratios de alumnado «en una coyuntura económica que hacía necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos».

Sin embargo, Almudena Herranz, en representación de los padres, piensa que ese contexto «ya ha sido superado, según los responsables políticos de la economía, por lo que entendemos que se puede aplicar esa norma de manera flexible para evitar el perjuicio a los niños de Bernardos en una etapa crucial de su formación escolar».

De momento, la reivindicación de las familias ya ha conseguido la adhesión de algunos ayuntamientos de la zona. Además del Consistorio de Bernardos, han emitido un escrito a favor de la asociación los de Migueláñez y Armuña. Así se lo han hecho saber al delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar a través de una carta.

Las familias van a continuar con la campaña de sumar a la causa el respaldo de otras corporaciones municipales y de agrupaciones de padres que se vean en la misma situación, anticipa la portavoz de la asociación.