El TSJ ordena la restauración del monte de Sigueruelo

Sigueruelo es un núcleo de población a los pies de la Sierra, perteneciente al municipio de Santo Tomé del Puerto. El monte afectado, que posee una superficie algo superior a las 100 hectáreas y se ubica en pleno Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, había recuperado, de forma natural, un rico tapiz vegetal, incluyendo pinos silvestres, robles melojos, sabinas albares y acebos, densos matorrales de brezo, enebro rastrero y, en las zonas más elevadas, los característicos piornales serranos. La organización conservacionista explica que «se comprobó que, además de las roturaciones, cuyo fin era sustituir la vegetación natural por una plantación de pinos, se habían abierto pistas y cortafuegos que habían afectado a las fuentes de agua del pueblo».

Tras diversas gestiones, y ante el recurso de reposición de Ecologistas frente a la Junta de Castilla y León y la intervención del propio Ayuntamiento, el director general de Medio Natural suspendió la ejecución de las obras realizadas por el propietario de la finca, cuando apenas se habían roturado unas pocas de las más de 90 hectáreas previstas. Pero la Administración autonómica acabó desestimando el recurso, que argumentaba que no se había realizado la evaluación de impacto ambiental previa requerida por la ley y se estaba ocasionando un grave daño al hábitat natural.

La Junta también levantó la suspensión de las obras, por lo que Ecologistas en Acción recurrió ante el Tribunal superior de Justicia solicitando la anulación del acuerdo, la suspensión de las obras y la restauración del terreno para evitar la erosión. La organización aportó a la dirección del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama diversos informes «que confirmaban la elevada calidad de los montes afectados y defendían la conveniencia de que se mantuviese la finca en su estado natural». Tras diversas visitas al terreno, el 27 de septiembre de 2017 la Junta revocó la autorización del proyecto, «reconociendo que se estaba ocasionando daños a determinados hábitats del monte y a los cursos de agua que antes no habían sido detectados», indica Ecologistas, quien señala que «es evidente que si se hubiera realizado previamente una evaluación de impacto ambiental, esos valores naturales habrían sido reconocidos y protegidos antes de acometer las obras». A pesar de revocar la autorización, la Junta no ordenó la restitución del terreno a su estado anterior, por lo que se mantuvo vivo el pleito en los tribunales.

Finalmente, el TSJ ha ordenado que los terrenos sean devueltos a su estado anterior, condena que recae sobre la entidad beneficiaria de la ayuda para la plantación forestal, «sin perjuicio de las responsabilidades que cada Administración tenga en la ejecución de estas obras y en el cumplimiento de esta sentencia», que condena en costas a todos los demandados.

Ecologistas en Acción de Segovia se congratula por la decisión judicial, aunque permanece atenta a la evolución futura de este proyecto: «la Junta de Castilla y León podría plantearse otorgaren el futuro una nueva autorización para repoblar partes de la finca, lo que sería un contrasentido, ya que la actual vegetación tiene un valor natural y aporta unos beneficios sociales (agua, protección del suelo) incomparablemente mayores que las plantaciones de pinos que, eventualmente, la sustituirían».