La oficina 'antiokupación' recibe solo dos consultas durante su primer mes

El dato puede parecer corto, pero aún es muy pronto para evaluar la actuación de las oficinas. El acuerdo con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, para la implantación de este tipo de oficinas en las distintas provincias de la comunidad autónoma, se firmó a mediados del mes de mayo y no son pocos los ciudadanos que todavía desconocen su existencia. La Consejería se ha comprometido a recopilar los datos con carácter trimestral. En el conjunto de la región, la página web de la oficina registró 657 accesos, hasta el 28 de junio.

El objetivo de esta Oficina de Información Antiocupación es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y las tramitaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. La información estará también disponible en el portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, que derivará las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo en su día que la firma del convenio con las Cámaras de la Propiedad Urbana responde a la vinculación de todos los poderes públicos con la protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33, y respecto del cual «el fenómeno de la ocupación representa un ataque frontal a los derechos y principios constitucionales, ante el que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos».

En este contexto, la Junta y el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León –como entidad que agrupa a asociaciones de interés social sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar– acordaron colaborar para ofrecer apoyo a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, asesorándolas y atendiéndolas en sus necesidades y demandas.

De esta manera, las Cámaras se han comprometido a prestar, en sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas. Allí se facilitará toda la información y asesoramiento que se solicite. Por su parte, la Junta de Castilla y León confeccionará, facilitará y compartirá con las Cámaras de la Propiedad Urbana la normativa, la documentación informativa, los datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información.

Además, el convenio observa la obligación de la Consejería de facilitar sus instalaciones para la celebración de actos informativos, jornadas y congresos organizados por el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana, en colaboración con la propia administración.