Más de ocho meses para cobrar las ayudas por siniestros de lobo en Segovia

«Segovia lleva mucho retraso en los pagos, es inadmisible que haya titulares de explotaciones que tarden más de ocho meses en cobrar sus siniestros y en alguna ocasión se calcule mal la cantidad a percibir», critica Asaja Segovia. El secretario general de la organización, Pablo Rincón, explica que este procedimiento debería durar entre dos y tres meses, pero los plazos se han ampliado más de lo esperado. La situación actual «es anómala; hay que ponerle freno porque muchos ganaderos tienen ataques de lobo de forma habitual y en un periodo tan largo se juntan con un montón de bajas, lo que equivale a mucho dinero», insiste.

La urgencia en la aprobación y entrega de estas ayudas siempre ha sido una reivindicación trasladada por las asociaciones agrarias. «Hemos pedido que sean ágiles, pues son ataques que hacen mucho daño y es algo preocupante», corrobora el responsable provincial de la Alianza Upa-Coag, Pedro Matarranz. Aun así, «la tardanza en los pagos de los siniestros siempre ha sucedido y está sucediendo», sostiene el presidente de UCCL Segovia, César Acebes. «No es de recibo ni justo que tarden hasta diez meses en cobrar», se queja. Todo depende de la administración que gestione el proceso. «Al final no mandan el dinero y nadie asume las resposabilidades», asevera.

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, atribuyó la demora a «un pequeño decalaje» por tener que transmitirse la partida presupuestaria reservada para los siniestros por el lobo de un año a otro. Pero «no tengo ninguna duda de que esto se acometerá y se eliminarán los retrasos cuanto antes», confirmó estos días.

La cuantía que se otorga a los ganaderos afectados fluctúa según los baremos aplicados a las especies, siendo las gallinas las que menos valor ostentan (diez euros) y las que más, los toros y vacas adultas paridas, pues alcanzan los 1.500. También están incluidos los perros que protegen el ganado y se establece una bonificación para aquellos titulares de explotaciones que acrediten ataques a pesar de haber puesto en marcha medidas preventivas, como es el vallado de las explotaciones.