«Aún no se ve la luz del túnel». El presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, se mantiene en sus trece desde hace años. Pudo haber brotes verdes en el sector, pero no han germinado. La Cámara de Contratistas de Castilla y León tampoco ilumina esa travesía del desierto que atraviesan los empresarios dedicados a la edificación y a la promoción de obras.
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En sus últimos datos, este organismo pone de relieve un repunte más que notable en el valor de la licitación contratada por las instituciones públicas central, regional y local. Al cierre de 2018, las adjudicaciones alcanzaron 59,4 millones de euros, un 346% más que en un flojísimo ejercicio 2017 de poco más de 13 millones, lo que le convirtió en el segundo peor periodo de los últimos tres lustros. Solo la licitación de obra pública registrada en 2012, en pleno azote de la crisis financiera generalizada, fue todavía más nimia, con un precio de 10,4 millones de euros.
Las estadísticas de la Cámara de Contratistas dan la razón al presidente de la APIC, ya que desde 2010 no se han repetido las cuantías de contratación invertidas por las administraciones públicas en los años precedentes y en los preámbulos de la crisis. Baste el ejemplo del primer año de la desaceleración. En 2008, los ayuntamientos, la Junta o el Estado licitaron trabajos por valor de 153,3 millones de euros. Un decenio después, esa cifra ha mermado hasta quedarse en apenas un tercio. Solo un excepcional 2015 confirma la regla de la escasez y rompe una tendencia constante dentro de los vaivenes del mercado econónimo.
Aquel curso se contrataron en total 121,6 millones. El desdoblamiento de la SG-20, dividida en dos tramos y con un presupuesto total de casi 67 millones, fue el trampolín sobre el que se propulsó la contratación de obra pública en Segovia. Las fluctuaciones que marcan las subidas y bajadas anuales no han logrado inyectar la actividad suficiente como para rebasar la barrera de los cien millones de euros contratados por ejercicio a lo largo de los últimos ocho años.
La Cámara de Contratistas de Castilla y León ilustra así el estado de depresión y desaceleración en el que se encuentra sumida la obra civil en la provincia de Segovia. Hay contadas excepciones a lo largo de este periodo de depresión que tampoco han reanimado a la hambrienta y escuálida industria provincial de la construcción. Las partidas anuales de la Junta y del Gobierno central para la conservación de las carreteras han sido de los pocos alicientes en la contratación pública. También la construcción de la segunda fase, dotada con más de 10 millones de euros procedentes de la Consejería de Educación, ha sido otra infraestructura que se salva del estado de inanición. Además, están el proyecto del centro educativo de San Lorenzo, las labores selvícolas o los trabajos de rehabilitación de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.
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