Iglesia de Coca,una de las parroquias atendidas por el cura colombiano. El Norte

El Obispado de Segovia busca sustituto al cura condenado en Colombia

Un sacerdote de la capital se trasladará los fines de semana a las parroquias de Coca, Villeguillo, Fuente de Santa Cruz y Villagonzalo de Coca

Jueves, 29 de noviembre 2018, 08:25

El Obispado de Segovia se ha topado con un imprevisto. La salida de Aníbal Olaya como párroco oficial de Coca, Fuente de Santa Cruz, Villeguillo y Villagonzalo de Coca obliga al estamento eclesiástico a buscar un sustituto para el sacerdote colombiano, que regresa a ... su país tras haber sido condenado por el cobro ilegal de un contrato público.

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Este hecho se ha conocido ahora, en los últimos días. Con esta premura, la diócesis que preside el César Franco ha tenido que decidir sobre el futuro inmediato del religioso, cuya estancia en el ejercicio pastoral en la provincia no ha sido prorrogada por los responsables del Obispado.

«Nos ha dado pena porque la gente le tenía muchísimo cariño»

María Luisa Gil, alcaldesa de Fuente de Santa Cruz. El Norte

«La gente le tenía muchísimo cariño», comenta sorprendida la alcaldesa de Fuente de Santa Cruz, una de las cuatro parroquias que hasta la semana pasada venía atendiendo Aníbal Olaya. «Nos ha dado mucha pena», incide María Luisa Gil, quien admite conocer la noticia publicada en un periódico de Colombia sobre la condena que pesa sobre su ya expárroco. El jueves pasado dijo su última misa –señala– y se despidió. Antes de que le pasaran esa información «desconocíamos lo que había hecho». En el Obispado les explicaron que «el tiempo de estancia se le había terminado». Sobre las supuestas quejas expresadas por vecinos de otros pueblos donde estuvo antes, como en Melque de Cercos o Juarros de Voltoya, Gil asegura no saber nada. De hecho, «en Melques no querían que le cambiaran y creo que en Juarros estaban encantados», apostilla. La alcaldesa de Fuente de Santa Cruz agrega que a Olaya «le gustaba viajar y organizaba excursiones a sitios como Lourdes».

Así pues, las cuatro parroquias que atendía este sacerdote se han quedado prácticamente de la noche a la mañana sin su cabeza visible. Responsables de la diócesis aseguran que ya están trabajando en la reorganización de asignaciones de unidades pastorales a la que les ha obligado la noticia de la condena en Colombia que pesa sobre Aníbal Olaya y al requerimiento que hizo recientemente la Diócesis de Mocoa, a la que pertenece el cura.

A expensas del reajuste que devuelva la estabilidad al trabajo en las cuatro parroquias, el Obispado garantiza que los feligreses de estos municipios no estarán desatendidos.

Lo asume el arciprestazgo

La primera medida que se ha adoptado es que sea el Arciprestazgo de Coca-Santa María la Real de Nieva la que asuma las labores diarias y soporte de momento la carga pastoral que venía realizando Olaya. Según apostillan fuentes del clero segoviano, un cura perteneciente a este arciprestazgo se encargará de esas funciones cotidianas. En lo que respecta a los oficios eucarísticos de los fines de semana, el Obispado tiene previsto que mientras se asigna un titular en sustitución del religioso condenado, sea un sacerdote de la capital el que se traslade a las respectivas parroquias para presidir las misas y otros actos religiosos que estén programados.

La cobertura definitiva del puesto que deja la salida de Aníbal Olaya «está en estudio», inciden fuentes del estamento eclesiástico en la provincia. Aunque la página web de la Diócesis de Segovia todavía no había cambiado en la tarde de ayer la titularidad de las parroquias donde ejercía el religioso colombiano, que permanecía como contacto en las cuatro localidades.

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Sin embargo, la marcha del sacerdote sudamericano era ya conocida en estos municipios. Los vecinos supieron la semana pasada que Aníbal Olaya no iba a volver a hacerse cargo de la labor pastoral. La información publicada en el medio de comunicación colombiano 'La Nación' corrió de móvil en móvil. En ella se detallaba la sentencia que condenaba a su párroco por un delito de «falsificación ideológica de contrato público», un delito que la justicia de aquel país considera probado y sobre el que se ha ratificado, aunque los hechos se remonten a 2004.

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