El Obispado de Segovia busca sustituto al cura condenado en Colombia

Este hecho se ha conocido ahora, en los últimos días. Con esta premura, la diócesis que preside el César Franco ha tenido que decidir sobre el futuro inmediato del religioso, cuya estancia en el ejercicio pastoral en la provincia no ha sido prorrogada por los responsables del Obispado.

Así pues, las cuatro parroquias que atendía este sacerdote se han quedado prácticamente de la noche a la mañana sin su cabeza visible. Responsables de la diócesis aseguran que ya están trabajando en la reorganización de asignaciones de unidades pastorales a la que les ha obligado la noticia de la condena en Colombia que pesa sobre Aníbal Olaya y al requerimiento que hizo recientemente la Diócesis de Mocoa, a la que pertenece el cura.

A expensas del reajuste que devuelva la estabilidad al trabajo en las cuatro parroquias, el Obispado garantiza que los feligreses de estos municipios no estarán desatendidos.

La primera medida que se ha adoptado es que sea el Arciprestazgo de Coca-Santa María la Real de Nieva la que asuma las labores diarias y soporte de momento la carga pastoral que venía realizando Olaya. Según apostillan fuentes del clero segoviano, un cura perteneciente a este arciprestazgo se encargará de esas funciones cotidianas. En lo que respecta a los oficios eucarísticos de los fines de semana, el Obispado tiene previsto que mientras se asigna un titular en sustitución del religioso condenado, sea un sacerdote de la capital el que se traslade a las respectivas parroquias para presidir las misas y otros actos religiosos que estén programados.

La cobertura definitiva del puesto que deja la salida de Aníbal Olaya «está en estudio», inciden fuentes del estamento eclesiástico en la provincia. Aunque la página web de la Diócesis de Segovia todavía no había cambiado en la tarde de ayer la titularidad de las parroquias donde ejercía el religioso colombiano, que permanecía como contacto en las cuatro localidades.

Sin embargo, la marcha del sacerdote sudamericano era ya conocida en estos municipios. Los vecinos supieron la semana pasada que Aníbal Olaya no iba a volver a hacerse cargo de la labor pastoral. La información publicada en el medio de comunicación colombiano 'La Nación' corrió de móvil en móvil. En ella se detallaba la sentencia que condenaba a su párroco por un delito de «falsificación ideológica de contrato público», un delito que la justicia de aquel país considera probado y sobre el que se ha ratificado, aunque los hechos se remonten a 2004.