La nula presencia en los pueblos relega la enseñanza concertada en Segovia a la cola regional

Este es el alumnado matriculado en el recién estrenado curso 2021-2022 que se distribuye entre el Claret, las Concepcionistas y Maristas, supone un 12,5% del total de niños escolarizados.

La variación con respecto al ejercicio anterior es imperceptible, un aumento del 0,5%, apunta Leandro Roldán, secretario autonómico de la asociación Escuelas Católicas de Castilla y León. A pesar de la tibieza en la subida de las inscripciones, «estamos satisfechos por este mínimo incremento porque al final corrobora la confianza que depositan las familias de Segovia en unos proyectos educativos sólidos, innovadores y de calidad», destaca.

Roldán insiste en que «el dato es bueno porque no es negativo». Asegura que el contexto demográfico en general «es preocupante», lo que tendrá su reflejo en los cursos venideros debido a retroceso poblacional y la merma que percibe en la comunidad inmigrante. Roldán cree que estas circunstancias influirán en descensos en el número de alumnos matriculados en las aulas segovianas.

La provincia suma, además, 279 profesionales en la enseñanza concertada, entre profesorado y personal de administración. Los números relegan a Segovia a la cola regional. Es la provincia de Castilla y León con menos escolares matriculados en centros católicos. En el resto de la comunidad, la representatividad de este alumnado sobre el total ronda el 30%; pero en Segovia menos del 15% de las familias opta por este tipo de educación.

Leandro Roldán achaca este hecho a que la oferta solo cuenta con tres centros concertados y se sitúan todos en la ciudad. «Segovia tiene una particularidad: no tenemos ningún tipo de representación fuera de la capital», argumenta. Por el contrario, prosigue, en otras provincias como Soria, donde también hay pocos colegios concertados, algunos de ellos se ubican en los pueblos (Almazán y Burgo de Osma, por ejemplo).

Por su parte, el director provincial de Educación, Diego del Pozo, manifiesta que la «elección de los padres debe ser la que prime». Añade que las familias están en su derecho de decir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Desde las Escuelas Católicas Castilla y León apuntan que su objetivo es informar, asistir y asesorar a los centros de enseñanza pertenecientes a la agrupación, además de promover la concepción cristiana de la educación.

En este nuevo curso también entra en vigor la LOMLOE, conocida como Ley Celáa, que en su motivación aspira a aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, evitar la segregación de los alumnos y fortalecer las competencias digitales de los estudiantes. Según Roldán, visto que los agentes sociales y las fuerzas políticas «no son capaces de ponerse de acuerdo» y alcanzar un pacto de Estado por la educación, los colegios concertados deben mantenerse alerta. «Lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de cómo se va a desarrollar esta nueva ley», incide el representante autonómico de Escuelas Católicas.

Esta ley contempla que tanto los centros públicos como los concertados «no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito». Roldán replica que los padres, cuando hacen una aportación al colegio, «no están haciendo un donativo al centro educativo sino a la titularidad de ese centro o a la fundación de la cual depende», por lo que no entiende por qué se ha prohibido este acto.

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con la asignatura de religión, que pasa a ser una voluntaria y cuya nota no contará para acceder a becas. «Siempre hemos defendido que esta enseñanza debe estar al nivel del resto de materias. Debe tener una opcional y desde luego debe ser evaluable», apunta Roldán, aunque matiza que lo de ser o no computable para becas u otras subvenciones puede debatirse.

Más allá de aspectos concretos, lo que reivindican los portavoces de Escuelas Católicas en Castilla y León es que la educación concertada «no quede relegada a un segundo plano o que pase a ser subsidiaria de la pública». Así, sus representantes piden «que las familias que opten por la concertada tengan los mismos derechos». «La educación es un servicio público que tiene que basarse en dos patas: por un lado la educación pública y por otro la concertada», explica Leandro Roldán, quien zanja: «En Castilla y León han demostrado ser de calidad».