El nuevo reglamento de viviendas sociales atajará impagos y conflictos vecinales

Como reconoce el borrador del nuevo marco propuesto por el Consistorio, dicha normativa municipal fue un «primer paso en la ordenación del acceso a la vivienda social»; sin embargo, se ha quedado obsoleto. La actual administración piensa que dicho reglamento es «insuficiente para poder garantizar un correcto uso de los inmuebles y un cumplimiento de las normas de convivencia».

Así pues, la nueva normativa elaborada por los populares aspira a regular no solo las condiciones para poder optar a una de las viviendas sociales que ofrece el parque municipal, sino que también prevé articular «las obligaciones» que adquieren los beneficiarios de esta línea de ayuda y la extinción del título de ocupación de una vivienda de estas características para aquellas personas con menos recursos económicos y que, por lo tanto, tienen más complicado acceder a un hogar.

El texto del nuevo reglamento, que puede consultarse hasta el día 18 de este mes de junio, recoge que la demanda actual de estos inmuebles es superior a la oferta. El Ayuntamiento es titular de 104 viviendas de carácter social, las cuales están destinadas al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a un hogar en el mercado.

El Consistorio justifica la necesidad de introducir un mayor control al asegurarse que se acatan las obligaciones que adquieren los usuarios en que «existe un incumplimiento reiterado del pago de la renta en los alquileres sociales por alguno de los adjudicatarios». Estos impagos requieren «un tratamiento», señala el documento que se ha publicado para su consulta.

Asimismo, tiene en cuenta que con el programa de realojo municipal, que se puso en marcha en 2005, «se erradicaron las infraviviendas», por lo que la situación de los beneficiarios de esta iniciativa «tiene que ser normalizada».

El borrador admite que «hay numerosas quejas vecinales que vienen motivadas por el comportamiento incívico de algunos usuarios de viviendas municipales o beneficiarios del programa de realojo, que requiere una intervención social para trabajar en el cumplimiento de las normas de convivencia». A estos problemas «se ha de dar una respuesta coordinada y conjunta, en la que se aglutinen tanto una intensa intervención social, como una regulación jurídica de los aspectos que conlleven una mejor consecución de objetivos», añade el texto del nuevo marco que propone la administración que dirige el alcalde José Mazarías.

El futuro reglamento ambiciona también «optimizar los recursos» que gestiona el Ayuntamiento de Segovia en materia de vivienda social.