Segovia

Un nuevo barrio con 4.700 viviendas atascado desde hace quince años

«Si todo va bien, las obras de urbanización de los sectores A y B (Área de Palazuelos y Eresma Alto) comenzarán en enero o febrero de 2007». Con esta frase, pronunciada en noviembre de 2006, el por aquel entonces alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, mostraba su confianza en el inicio de los trabajos para construir cerca de 5.000 viviendas en unos terrenos que abarcan cerca de un millón de metros cuadrados. El sector A es el ubicado en la parte trasera de la ciudad deportiva de La Albuera y del colegio Eresma hasta la carretera de Palazuelos de Eresma y contemplaba, en un primer momento, la construcción de 1.591 viviendas; el sector B, todavía más extenso, concentra los terrenos situados entre la carretera de Palazuelos y la carretera de La Granja hasta las inmediaciones de la SG-20, con la posibilidad de construir más de 3.150 casas. En su conjunto, suponen un nuevo barrio de una extensión superior a Nueva Segovia.

Pasaron las semanas, los meses y los años y la previsión de Pedro Arahuetes no se cumplió. El Ayuntamiento de Segovia aprobó el plan de actuación de ambos sectores y, tras años de gestiones, el Plan General de Ordenación Urbana en 2008. Cuatro años más tarde, en el verano de 2012, el equipo de gobierno logró sacar adelante el desarrollo de ambos sectores con una modificación del PGOU que aumentaba hasta las 6.459 las viviendas a construir en la zona este de la ciudad, una gestión que el grupo municipal del Partido Popular llegó a calificar de «pelotazo».

Un año más tarde, el Consejo Regional de Urbanismo rechazaba la modificación aprobada por el Ayuntamiento que aumentaba de 60 a 70 el número de viviendas permitidas por hectárea. Según el informe, dicho incremento no estaba justificado por el interés social y está alejado de la densidad media de otros sectores de la ciudad, que varía de 39 a 55 viviendas por hectárea.

Ha pasado un decenio desde entonces y poco o nada se ha avanzado en el posible desarrollo de los sectores A y B. Pese a ello, la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, recuerda que el proyecto de actuación está aprobado. Por lo tanto, si las juntas de compensación así lo consideran, pueden pedir de forma inmediata la licencia de obras de urbanización para comenzar con los trabajos. «No hay ninguna tramitación urbanística pendiente», explica.

Con la urbanización y reparcelación hecha desde hace años, la discrepancia que frena el posible desarrollo de ambos sectores es el tipo de vivienda a construir. A finales de 2022, las juntas de compensación manifestaron al Ayuntamiento de Segovia su intención de modificar por completo el proyecto de actuación. Es decir, volver a la casilla de salida y rediseñar la urbanización de las casi 100 hectáreas de terreno.

«Quieren incrementar la vivienda privada y restringir en parte la pública. También quieren apostar por más viviendas unifamiliares suprimiendo la colectiva», avanza la alcaldesa sobre los planes de los promotores, unas pretensiones que hasta la fecha no se han materializado en una propuesta definitiva.

Martín, por el momento, no se muestra a favor de las intenciones de los promotores y defiende para esta zona de la ciudad un desarrollo similar al realizado en Nueva Segovia, donde se combinan las casas unifamiliares y los bloques de viviendas. «Es lo que está previsto en el plan parcial de ambas áreas», recuerda. Si la modificación del plan de actuación se enmarca en esos términos, el Ayuntamiento tramitará los cambios «siempre y cuando no resten los derechos de interés general en cuanto a espacios libres públicos y en cuanto a vivienda pública». Entre ambos sectores estaba prevista la construcción de más de 2.400 viviendas protegidas.

La alcaldesa también pone encima de la mesa «la complejidad» que supondrá realizar una modificación de un proyecto de actuación ya aprobado. «Supone revertir la reparcelación actual. Habría que ver cuáles son sus consecuencias», señala sobre una organización de los sectores que ya define la titularidad de cada parcela, incluidas las que dispone el propio Ayuntamiento.

Por ello, Martín es partidaria de desarrollar el sector A, el más cercano al barrio de La Albuera, en los mismos términos que están ahora mismo aprobados y que contemplan la construcción de vivienda pública en la parcela que durante los últimos años se utiliza como recinto ferial. En 2006, se estimaba que la urbanización de este sector tendría un coste de 15 millones de euros. «El área B es mucho más grande y se podría replantear en función de cómo se desarrolla el sector A», asevera. Una reestructuración global de ambos sectores no es vista como lo más óptimo.

Su visión choca con la de Javier Carretero, presidente de la Asociación de Industrias de la Construcción (Apic), quien considera que la única forma «viable» de desarrollar el suelo es con un planeamiento con más vivienda unifamiliar y menos vivienda de protección oficial (VPO). «Con los precios de VPO tasados por la Junta ahora mismo no es viable. Sería perder dinero. Otra cosa es que sea el Ayuntamiento el que desarrolle las viviendas de protección oficial», declara. En su opinión, las viviendas proyectadas originalmente, de cuatro dormitorios y alrededor de 140 metros cuadrados de superficie, «no son un plan apetecible» para los promotores.

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