La nueva oficina judicial entrará en funcionamiento a mediados de 2023

Este proceso de modernización forma parte de un proyecto del Ministerio de Justicia que lleva preparándose desde hace más de una década y entrará en funcionamiento previsiblemente en el segundo trimestre del año que viene, cuando el edificio nuevo que acogerá las oficinas esté completamente listo y acondicionado. Así lo explica Pando, que estima que la sede judicial se pondrá en marcha entre mayo y abril de 2023.

Ubicado junto al Parque de Bomberos de la ciudad de Segovia, este edificio no ha estado exento de polémica los últimos años. Antes de que la pandemia irrumpiera en nuestro país, la construcción del inmueble quedó paralizada, hasta que en julio de 2020 retomó el ritmo. Pese a las quejas de algunos letrados acerca de las carencias del edificio y los retrasos en su construcción, el traslado de los juzgados segovianos a esta sede sigue estando en pie y se prevé que se haga efectivo la próxima primavera.

Si bien aún quedan meses para que el proceso de centralización culmine, ya se han dado algunos pasos en esta dirección en la dirección. El pasado 10 de junio, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, acudió a la capital segoviana para presidir una reunión donde se constituyó el grupo técnico responsable del despliegue de esta oficina judicial en Segovia.

Este grupo técnico, como ya explicó el propio ministerio en un comunicado, tiene como misión apoyar las actuaciones del Estado en la implantación efectiva de este modelo organizativo. Está formado por la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Teresa de Benito; la jueza decana de Segovia, Rosa María Gascón; la secretaria coordinadora provincial, Laura Moreiras, y una representante del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de la sede judicial, además del propio Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

El presidente de la Audiencia Provincial explica que esta integración también se ha realizado en otras ciudades españolas, concretamente en aquellas en las que el Ministerio aún sigue teniendo competencias. En el caso de Castilla y León, capitales como Burgos, León, Palencia ya cuentan con oficinas judiciales de este tipo que aglutinan a los empleados de los distintos juzgados.