La nueva Ley de Memoria acelera la retirada de los últimos vestigios franquistas en la provincia

Carles Mulet es senador de Compromís y portavoz del grupo de la Izquierda Confederada en el Senado. Asumió la ardua tarea de inventariar los vestigios del franquismo y contactar con los ayuntamientos para pedir su retirada. Años después, su 'Excel casero' es un documento que certifica cambios, negativas y peticiones ignoradas. Su crítica a la ley de 2007 es que podía la retirada de los símbolos, pero no establecía plazo ni procedimiento sancionador en caso de incumplimiento, algo que sí contempla el nuevo texto. «La evidencia de que la ley de 2007 no ha funcionado es que un grupo como nosotros, que no pintamos absolutamente nada en Segovia, hemos tenido que ir ayuntamiento a ayuntamiento exigiendo que se retirasen. Cuando han querido, han hecho caso. Y cuando no, no ha pasado absolutamente nada».

La clave de la aplicación de la nueva ley es la elaboración del catálogo de símbolos para exigir después su retirada. Mullet plantea el gran dilema: ¿quién hace el catálogo? Cita el referente de la Comunidad Valenciana, que dejó la responsabilidad en manos de los ayuntamientos. «Si uno pensaba que un alcalde tenía una calle por alcalde y no por franquista, no aparecía en el catálogo. Hay algunos evidentes, la calle Franco, pero si dependemos de otras administraciones, a lo mejor no es completo». El senador aboga por un comité de expertos que recoja las aportaciones de la sociedad civil.

En la práctica, entra en juego la inercia de los propios ayuntamientos, la mayoría con medios muy modestos. «Algunos grandes los han cambiado en tiempo y forma. Y los pequeños lo han dejado pasar, no es porque fueran franquistas o malas personas. El problema es que nadie les había pedido que se quitasen». La mayoría de consistorios segovianos requeridos como Olombrada, Santa María de Nieva, Villacastín, Zarzuela del Pinar, Veganzones, Turégano, Navalilla, Fuenterrebollo o Arcones) ha retirado la simbología; unos con más resistencia que otros.

El alcalde de Cantajelo, Javier de Lucas, contestó el 6 de octubre a Mullet sobre tres calles con nomenclatura franquista que persisten en su mapa (calle General Aranda, calle Capitán Cortes y plaza Calvo Sotelo), asegurando que «desde el Ayuntamiento se están realizando los trámites pertinentes para llevar a cabo el cambio de denominación de calles» y explicando el retraso: «Debido a una carga excesiva de trabajo en el Ayuntamiento y agravado por la falta de personal no se ha podido actuar con la diligencia que nos hubiera gustado». El regidor se comprometió a abordar el cambio. «Una vez se haga un estudio para redenominar dichas calles, se llevará el expediente al Pleno de la Corporación».

La capital, que abordó un cambio masivo de calles en 2015 –Fernández Ladreda dejó paso a la actual avenida del Acueducto– tiene un nombre evidente que no ha apartado de su callejero. La calle Ángel del Alcázar hace referencia Antonio Rivera Martínez, que se unió a los sublevados en Toledo y murió en combate. Estaba presente en otros municipios como Ayllón, que retiró su nombre en 2020.

El Obispado tiene en la capital los símbolos más destacados. Desde la placa en recuerdo a los caídos en la iglesia de San Millán a la inscripción 'los caídos por Dios y por España' en la de San Miguel o San Esteban, además de las ruinas del antiguo templo de San Agustín, con los nombres de los caídos por el bando franquista junto al antiguo hospital conocido como 18 de julio, el día del alzamiento. «Es un melón que tendría que gestionar la ciudad igual que han hecho otros. Es complejo e incómodo, pero hay que afrontarlo», subraya el presidente del Foro por la Memoria de Segovia, Juan Carlos García Funes, que condiciona la utilidad de la nueva ley al seguimiento de su cumplimiento.

La ley contenta a medias a Funes. «Supone muchos avances respecto a 2007 que hubieran sido imposibles sin la presión del movimiento memorialista, eso lo celebramos. Sigue habiendo un gran agujero en el acceso a la justicia por parte de la víctima. La ONU sigue instando a que se juzguen los crímenes». También llama la atención a la denominación Alto de los Leones, nombre franquista que reemplazó al original: Alto del León. «Parecen pequeñas cosas, pero son reductos que van quedando ahí». El Foro también propone cambiar la denominación del Enrique Serichol por su adscripción al falangismo. «Anda que no habrá deportistas para dar nombre a un pabellón».

Mullet vaticina la nueva ley como el fin de la impunidad. «En el momento en que estén de cara al público y aparezcan en el catálogo, ahora están obligados a retirarlo». Su grupo hizo un requerimiento a todos los obispados de España: «Me contestaron tres». La casuística es amplia, desde ayuntamientos que han retirado una placa de la fachada de la iglesia sin pedir permiso a párrocos que han ignorado la petición. Ahora las sanciones aumentan la presión de una disputa que, dure lo que dure, asegura el mismo desenlace. «En cuanto te obligan, te lo van a quitar, por mucho que tú no quieras». Con todo, 47 años después de la muerte del dictador, ahí siguen, negándose a ser memoria, viviendo el presente.