Una nueva empresa asume desde hoy la limpieza de centros asistenciales de la Diputación

A lo largo de la jornada de ayer se llevó a cabo el trasvase laboral de las trabajadoras a la nueva concesionaria, explicó el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. «Cada uno administra sus problemas como considera. Me parece muy bien que se convoque la huelga pero no entendería que una nueva empresa tenga que asumir huelgas de otros», señaló. La rescisión del contrato entre la Diputación y la anterior concesionaria, Tempo Facility Services SLU, se llevó a cabo el 18 de diciembre, pero el compromiso de una nueva adjudicación no ha tranquilizado a las trabajadoras, que llevan desde el mes de octubre sin cobrar sus nóminas.

De Vicente explicó el retraso en la nueva concesión: «La gente tiene que entender que nosotros estamos sujetos a una responsabilidad administrativa y patrimonial. Para poder romper ese contrato, necesitamos hacer unos pasos administrativos, que es lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido la mala suerte de que se nos han echado las fechas festivas encima, no solo a nosotros». No obstante, De Vicente aseguró haber cumplido su compromiso con el comité de empresa y destacó la importancia del servicio. «Lo siento mucho, pero en los centros residenciales viven personas. Merecen atención absoluta. Yo entiendo que es difícil que no te paguen a final de mes, pero la ley de contratos nos obliga a todos y nosotros hemos forzado la ruptura del contrato para poder dárselo a otra empresa».

El nuevo contrato tiene en cuenta el previsible aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) previsto por el nuevo Gobierno para los presupuestos de 2020. «Está ya valorado para que no tengamos la misma circunstancia dentro de dos meses». En el acta de conformidad, Tempo deberá asumir su deuda laboral con las trabajadoras y «por si no lo hace», se le retendrá el aval depositado para la ejecución del servicio y el pago correspondiente al mes de diciembre para «paliar en la medida de lo posible»las deudas, explicó el presidente de la Diputación, quien lamentó una respuesta tardía de las empleadas. «Ya tenían que estar presentadas las demandas laborales hacia la empresa. Luego ya veremos si la responsabilidad es de la empresa, la Diputación o del que pase por allí».

Tempo asumió el servicio hace justo un año y ya desde los primeros meses el personal contratado comenzó a mostrar sus quejas porque las nóminas no se ingresaban los primeros días del mes, como recogía el pliego de condiciones al que se había comprometido la empresa catalana.«Siempre con retrasos, nos empezamos a quejar porque la mayoría tenemos pagos que hacer a primeros de mes. Enviamos papeles a Diputación y todo empeoró cuando nos dejaron de pagar la nómina de junio», explica la presidenta del comité de empresa, Esther González, de Comisiones Obreras.

Tras los primeros retrasos varios directivos de la empresa Tempo acudieron a hablar con las trabajadoras y con los responsables de la Diputación, después de que desde la institución se les exigieran explicaciones. «Llegaron a enviar un escrito diciendo que era un error puntual por otros problemas financieros en otras provincias. Se comprometieron a pagar la nómina en dos veces y así lo hicieron. Pero los meses siguientes siguieron los retrasos y a partir de la nómina de septiembre, hemos dejado de cobrar totalmente», indica González. El personal que hizo sustituciones de verano tampoco ha cobrado su última nómina ni su finiquito.

Cuando a finales de diciembre la Diputación decidió rescindir el contrato de mutuo acuerdo con Tempo, la empresa se comprometió a saldar la deuda con las trabajadoras, que suman unas 60, de las que 52 son fijas y el resto han sido contratadas parcialmente o están haciendo sustituciones por bajas o vacaciones. Varias semanas después, aún no se ha hecho efectivo ningún pago. «La empresa está desaparecida, se le mandan correos y no contestan. En otros centros comienza a haber gente de baja y los puestos no se cubren, pero, como es lógico, la Diputación pretende que el trabajo salga adelante y surgen los enfrentamientos entre los administradores de los centros y las trabajadoras», señalan las empleadas de la residencia de Nava de la Asunción, donde aún no ha habido estos problemas. «Es comprensible que la gente no esté dispuesta a cubrir la baja de otra compañera con sus días libres o trabajando de más. Se puede hacer un día, pero si encima no cobras…».

De las casi sesenta empleadas de limpieza, once realizan su trabajo en la residencia La Alameda de Nava. Algunas fueron contratadas tras haber vivido situaciones de violencia de género o minusvalías, y dependen casi exclusivamente del sueldo que llevan meses sin recibir. «Algunas las están pasando muy canutas, tienen una situación tremenda». señalan. En las reuniones con la Diputación «siempre hemos apelado mucho al sentimiento, al punto de vista humano, pero no se hacen cargo. Cómo se puede tener contratadas a personas con minusvalías o que han pasado por violencia de género, que han vivido un problema muy serio, que solo viven de ese sueldo, y no tomar una medida social haciéndose cargo de una gente que lo está pasado mal. No lo deberían consentir porque aunque no trabajen directamente para la Diputación, sí lo hacen en sus centros», afirma González, quien considera que el problema ya se originó con el pliego de condiciones, «que era copiado al de 2012 y ni siquiera el personal real de los centros es el mismo».

Pese al desembarco de una nueva empresa, las empleadas afirman que «nadie nos garantiza qué va a pasar con esta deuda que tienen, porque nos deben cinco meses, con la paga extraordinaria y la de beneficios, y no sabemos siquiera si nuestra seguridad social está pagada». Para las trabajadoras, la solución ideal sería que la propia Diputación se hiciera cargo de ellas. «Sería lo más idóneo, porque la empresa solo nos paga y nos da un uniforme, pero quien controla toda la situación es la Diputación. Si tienen que hacer cincuenta nóminas más, pues que las hagan», señala María Luz López. Ella y Clara Sanz llevan treinta años trabajando en la residencia La Alameda, desde que abrió en 1990. Ambas apuntan otra alternativa: «Que nos dejen hacer una cooperativa entre las trabajadoras, con un gestor y poco más de cincuenta nóminas, no sería difícil. Lo único que queremos es tranquilidad. A mí quién firme me da igual, yo lo que quiero es que me paguen mi trabajo, que ya he hecho, y que no haya compañeras que con 64 años tengan que recurrir a sus hijos para que las mantengan».