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Los estragos económicos de la pandemia hicieron que se disparara el índice de morosidad de los inquilinos de toda España en 2020. Esta es la principal conclusión que se desprende del último estudio sobre el asunto realizado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). En ... relación al año anterior, este tipo de deudas crecieron en 2020 un 66,19% en todo el territorio español, una cifra muy superior a las variaciones que se habían registrado años anteriores: un 5,67% del 2017 al 2018 y un 1,93% del 2018 al 2019.
En Castilla y León ha ocurrido algo parecido, aunque en una medida algo inferior. Los impagos por el alquiler han aumentado un 50,36% en la comunidad autónoma, casi 16 puntos menos que la media nacional. De igual forma, contrasta con la tendencia que se estaba registrando los últimos años, cuando se estaba consiguiendo cierta estabilidad tras el varapalo de la última crisis económica. Del 2017 al 2018 la morosidad creció en la comunidad autónoma un 3,8% y del 2018 al 2019, un 4,87%.
De la provincia de Segovia se puede extraer más o menos las mismas conclusiones. La variación registrada desde 2019 hasta el anómalo año 2020 ha sido de un aumento del 58,96%, una cifra muy superior a las apreciadas años anteriores: 4,59% del 2017 al 2018 y 10,33% del 2018 al 2019. Sobre las cifras adeudadas, en España los inquilinos deben de media 6.372,60 euros de alquiler a sus propietarios, mientras que esta cifra es de 3.526,29 en Castilla y León y de 3.515,69 euros en la provincia de Segovia.
El Estudio FIM sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos es realizado cada año por el Fichero de Inquilinos Morosos, un archivo que se nutre de la información aportada por profesionales inmobiliarios y propietarios, además de otros datos recopilados en fuentes de acceso público. Sergio Cardona es el director de Estudios y Calidad de FIM y ha señalado que este aumento de la morosidad es algo «totalmente excepcional» y solo comparable a periodos como el posterior a la última crisis, en los años 2009, 2010 y 2011.
«Nunca habíamos visto unos incrementos de este estilo», ha reconocido Cardona, que achaca los datos a las terribles consecuencias económicas de la pandemia. De hecho, según afirma, en los datos se puede observar que durante los meses de enero, febrero e incluso marzo los niveles son similares a los de 2019 y es a partir de abril cuando todo empieza a torcerse. «Mucha gente entra en ERTE, muchos autónomos no pueden desarrollar su actividad y, aunque hubo personas que se beneficiaron de los ERTE, tardó un poco en cobrarlos, unos tres o cuatro meses, entonces la gente tuvo que tirar de ahorros. Hay gente que pudo salvar la situación, pero otros no», ha analizado el experto. Además, Cardona apunta que, en muchos casos, la gente no cobraba el 70% de su salario habitual con los ERTE, sino mucho menos debido a que tampoco se percibían pluses o comisiones por objetivos. «Esto se notó a partir de verano, cuando empezó a haber más problemas», ha relatado.
En un análisis por territorios, Cardona ha señalado que en este último estudio correspondiente a 2020 se ha observado una mayor incidencia de la morosidad en Murcia, Andalucía o Canarias, afección que desde FIM explican por su mayor dependencia del sector servicios. De hecho, Murcia es la comunidad autónoma que lidera la lista, con un aumento de la morosidad del 93,65% respecto al 2019, seguida de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias, todas ellas por encima de la media nacional.
Pese al vertiginoso aumento del índice de morosidad desde 2019 a 2020, la cantidad media que los inquilinos han dejado a deber a los propietarios de sus inmuebles ha disminuido: De 6.790,58 euros en 2019 a 6.372,60 este año. «Esto ocurre básicamente por las negociaciones entre arrendadores y arrendatarios, porque todos han sido conscientes de la situación y ha habido aplazamientos y acuerdos», ha comentado Sergio Cardona.
En estos datos influye mucho los precios del alquiler. Por ello, entre otras cosas, las comunidades autónomas con las cifras más altas de cantidades medias debidas son Madrid (8.973,80 euros), Islas Baleares (8.718,20 euros), País Vasco (7.269,07 euros), Cataluña (7.232,45 euros) y Navarra (6.566,56 euros), todas ellas por encima de la media nacional. A la cola se encuentra Extremadura (3.198,46 euros), La Rioja (3.354,99 euros) y Castilla y León (3.526,29 euros).
Tras un año tan anómalo como 2020, no se puede trazar un perfil específico de moroso más allá de «las personas que se vieron afectadas por la pandemia y tuvieron menos ingresos», como explica Cardona. «Otros años, podemos ver determinadas regiones donde hay más o menos, establecer unas diferencias, como personas que se van moviendo porque han dejado de pagar en un lugar y después ves que se han movido y han dejado de pagar en otro, pero esta vez todo ha tenido que ver con la pandemia», resume el directivo.
De cara a este 2021 y el próximo año 2022, cabe esperar que los datos del último estudio queden en una excepcionalidad. «Este año no estamos aún a niveles de 2019, pero nos estamos acercando. Todo dependerá de la actividad económica, si se recupera, si se vuelen a establecer confinamientos, más parones de la economía…», explica Cardona, para quien lo ideal sería acabar con la incertidumbre: «Queremos ver la luz al final del túnel, pero no sabemos si estamos al final o no», resume.
A la hora de prevenir que se produzcan situaciones de morosidad, desde FIM señalan algunos consejos. En primer lugar, delegar en manos profesionales la búsqueda de un inquilino. «Muchas veces, lo importante es seleccionar el inquilino, pero también exponer las obligaciones y los derechos de cada uno. Hay inquilinos a los que, a la hora de hacer sus cuentas, hay que explicarles que no solo es pagar la renta, si no otras cosas como los suministros, el transporte o la alimentación. Parece una tontería, pero no lo es», señala Cardona.
En segundo lugar, dejarse asesorar realmente. «Hemos tenido propietarios a los que les hemos dicho que los inquilinos tenían una capacidad de pago que no era muy alta y que habían tenido anteriormente impagos y, aun así, han decidido alquilarles y les han vuelto a dejar de pagar», asegura el directivo.
El pasado fue un año excepcional, pero a lo largo de su experiencia, desde FIM han detectado la existencia de «auténticos morosos profesionales», que sí tienen un perfil muy determinado: «Son personas que dicen tener buena capacidad económica, situaciones estables. Se presentan en pareja y con hijos y normalmente dicen tener mucha prisa, ya sea por un traslado por motivos de trabajo, o porque el hijo tiene que empezar en una escuela nueva… y tiene que ser todo muy rápido, muy rápido, para que el propietario no tenga tiempo de reaccionar y hacer consultas como las del fichero. Eso lo veíamos mucho en años anteriores», relata Cardona.
Sobre Castilla y León, FIM apunta que en esta comunidad autónoma se dan «varias situaciones del mercado de alquiler»: «No es lo mismo Salamanca, que tiene un nivel de alquiler de estudiantes muy importante y los estudiantes, en su mayoría volvieron a casa de sus padres y por eso no ha tenido un crecimiento de la morosidad tan alto comparado con otras provincias o Soria, donde no hay tantas viviendas alquiladas como, por ejemplo, en Valladolid», ha relatado Cardona.
En el caso de Segovia, la provincia se encuentra en lo que se podría denominar «una situación un tanto intermedia»: «Ha crecido más que en Soria porque el mercado es más grande, pero no es un mercado tan amplio como en el León o Valladolid. El incremento de la morosidad ha estado más o menos en la media de la comunidad autónoma», ha analizado el representante de FIM.
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