«Ha habido momentos en los que en la casa había más de treinta personas»

«Ha habido momentos en los que en la casa había más de treinta personas», afirma el alcalde de la localidad segoviana de San Cristóbal de Cuéllar. Tomás Merino estaba al tanto de la investigación, pero hasta ayer guardó un mutismo total sobre la operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judiciaria Portuguesa, que han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos a los que explotaban en tareas agrícolas en la comarca de Tierra de Pinares. Hay cinco personas detenidas y diez han sido liberadas en España y Portugal tras realizarse nueve registros domiciliarios en ambos países, en los que se intervino abundante documentación y un arma de fuego.

Cuatro de las personas liberadas estaban alojadas en una vivienda de San Cristóbal de Cuéllar, en la que residían también miembros de la organización criminal. En el municipio segoviano, situado a poco más de ocho kilómetros de Cuéllar, conocían de sobra a varios de los integrantes de este clan, con los que hubo varias discusiones en el bar de la localidad. «Tarde o temprano tenía que pasar», declara Merino, aunque reconoce que nunca pensó que el municipio fuera uno de los puntos neurálgicos de una red de trata de seres humano. La operación 'Lusar' se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Segovia y Álava, donde se detuvo a varias personas, y en varias localidades de Portugal. Las víctimas, sometidas a un férreo control por el clan de delincuentes, realizaban tareas agrícolas, así como labores de acondicionamiento y reforma en la vivienda en la que residían.

La vivienda de San Cristóbal de Cuéllar, municipio de apenas 160 habitantes, era vigilada desde hace semanas por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuguesa, explica el regidor del municipio, a quien se le pidió que no revelase a nadie que había una investigación en marcha en la localidad. No lo hizo, y a los vecinos que preguntaron tras percatarse de la presencia de cámaras de videovigilancia les dijo que habían sido colocadas para controlar el estado de alguna vivienda.

En la casa estaban empadronados, desde hace más de un año, una familia compuesta por un matrimonio y tres hijos. Pero según la investigación de la Guardia Civil, allí residían integrantes de la organización criminal y cuatro de las víctimas (todos de nacionalidad portuguesa), aunque estas últimas en dependencias diferentes y en unas condiciones de hacinamiento infrahumanas. Así permanecieron desde marzo y hasta el 14 de octubre, cuando el clan procedió a su traslado a la provincia de Álava, donde las víctimas fueron rescatadas y los delincuentes detenidos.

La investigación comenzó tras recibir la Policía Judiciaria Portuguesa varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber sido captadas en Portugal y trasladadas posteriormente a España, donde eran alojadas y explotadas en tareas agrarias por un grupo de delincuentes. Al parecer, la organización criminal inició su actividad delictiva en 2013, ofertando puestos de trabajo en campañas agrícolas en España con una supuesta remuneración diaria que sería acorde a su trabajo y una alimentación y estancia dignas, condiciones que nunca se llegaron a cumplir. Las pesquisas realizadas revelaron que las víctimas eran reclutadas en ambientes de gran vulnerabilidad social (de hecho hubo casos en los que se reclutó a personas con cierto grado de discapacidad) empleando en ocasiones coacciones psíquicas y físicas contra ellas para lograr su objetivo.

Tras ser captados por la organización criminal, las víctimas eran trasladadas hasta los campos de la comarca de Tierra de Pinares, donde realizaban tareas agrícolas. Pero su trabajo no finalizaba ahí, ya que eran obligados a realizar otras labores de acondicionamiento y reforma en las vivienda de San Cristóbal de Cuéllar en la que se alojaban. Además, en su tiempo libre eran sometidas a un férreo control y debían pedir permiso incluso para salir a tomar a café. Así permanecieron hasta el pasado 14 de octubre, cuando los integrantes de la organización criminal decidieron trasladarles hasta la provincia de Álava. Pero para entonces la Guardia Civil ya seguía la actividad del clan, por lo que procedió a la detención de sus miembros y a la liberación de las víctimas.

Durante la investigación se realizaron nueve registros domiciliarios en España y Portugal, dos de ellos en San Cristóbal de Cuéllar (uno en la vivienda de alquiler en la que residían y otro en una nave cercana a la localidad). En ellos intervinieron abundante documentación relativa a situaciones laborales y a la propia organización delictiva, así como un arma de fuego. El balance de la operación se ha saldado con cuatro personas detenidas en España y otra más en Portugal (todas de nacionalidad portuguesa) y se han identificado a otros tres miembros del clan. Además, se ha conseguido la liberación de otras seis víctimas de trata de seres humanos en el país vecino . El Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid ha decretado prisión para la totalidad de los detenidos, que han sido extraditados a Portugal.