La mitad de los alojamientos turísticos que funcionan en Segovia son ilegales

El Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), introdujo un cambio significativo y es que desde su aprobación ninguna vivienda individual del casco histórico puede ser usada con fines turísticos. La única alternativa que ofrece es solicitar autorización de bloques completos para su alquiler durante cortos periodos de tiempo o que estas viviendas tengan una entrada independiente.

De este modo, el Ayuntamiento pretendía dar un paso más en la lucha contra la despoblación del casco urbano y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Asimismo, quería evitar la proliferación de alojamientos ilegales que no cumplen con el pago de impuestos, pero tampoco con los requisitos de seguridad para un alojamiento de estas características. Un objetivo que está resultando complicado de lograr.

Aunque es difícil conocer el número exacto de alojamientos ilegales que existen en la provincia, el presidente de Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Jesús Castellanos, asegura que «más de la mitad de los que operan en la actualidad no cumplen con la normativa y están incurriendo en un fraude».

En una de las plataformas de alquiler vacacional más conocidas aparecen más de 130 alojamientos solo en Segovia capital con precios que oscilan entre los 30 y los 140 euros la noche. La mayoría son apartamentos completos, pero también es posible encontrar habitaciones para alquilar por cortos periodos de tiempo.

Si se amplía la búsqueda a toda la provincia esta plataforma ni si quiera ofrece una cifra exacta, tan solo informa de que hay más de un millar. En este caso, predominan las casas rurales y los apartamentos, que están repartidos por toda la provincia y algunos con precios que superan los 600 euros la noche. Eso sí, los precios más elevados se corresponden a aquellos de grandes dimensiones en los que no faltan servicios y comodidades como piscina, jacuzzi, grandes zonas ajardinadas o barbacoa.

Según los datos proporcionados por la Sección de Turismo de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia tan solo hay registrados 59 apartamentos turísticos, que son aquellos cuyo su uso principal es el alquiler temporal. Sin embargo, hay un total 353 viviendas de uso turístico, que tienen como uso principal el residencial, ya que son viviendas de particulares que las alquilan de forma temporal. A ello se suman otras 404 casas rurales.

De esta forma, la Junta de Castilla y León cuenta en su registro con un total de 816 alojamientos de esta tipología en la provincia. Además, hay 21 albergues, 164 alojamientos hoteleros, 62 hoteles y posadas rurales y 6 'campings'. Traducido a plazas disponibles la cifra se eleva hasta las 19.564, teniendo en cuenta solo las legales.

Desde Hotuse hacen barridos mensuales tanto de las plataformas como de las redes sociales para detectar alojamientos que no tienen autorización y, por tanto, incurren en un fraude. Después se lo comunican tanto a la Subdelegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Segovia, en el caso de los alojamientos ubicados en la ciudad.

«Estos últimos meses hemos detectado un crecimiento exponencial y esto supone un problema importante porque están en desventaja con los alojamientos legales, no hay igualdad de condiciones, pero somos conscientes de que es un problema muy difícil de erradicar», puntualiza Castellanos.

La situación es preocupante y la pandemia de la covid solo ha agravado las consecuencias. «Cuando empezaron a eliminar las restricciones de movilidad, la gente comenzó a buscar alojamientos de este tipo porque en muchos casos son viviendas completas o casas rurales que proporcionan a los turistas una mayor independencia». Hasta el punto, que los ilegales ya crecen al mismo ritmo que los legales.

En gran medida achaca esta problemática a la falta de medios y de inspectores con los que cuentan las administraciones. «Sabemos que la Policía y la Guardia Civil hacen una labor importante, pero es una cuestión muy difícil de controlar y hace falta mucho personal», según Castellanos.

No obstante, cree que deberían dedicarse más efectivos a realizar inspecciones en estos alojamientos en lugar de centrase en establecimientos legales, que «como mucho incurren de forma puntual en infracciones leves». Las plataformas en las que se anuncian tampoco son de ayuda, ya que eluden la responsabilidad y aunque suelen exigir el número de registro de la propiedad, no es una medida suficiente porque, tal y como confirma, en muchos casos emplean un dato falso.

El hecho de que no estén regularizados para su uso turístico implica que no pagan determinados impuestos como el IVA. Tampoco ofrecen hojas de reclamación, cobertura legal, ni seguridad de ningún tipo al cliente porque no tienen una póliza de seguros que cubra las contingencias que puedan producirse en un negocio de estas características. Por otra parte, muchas de las viviendas de alquiler temporal incumplen el PEAHIS porque no tienen una entrada individual que garantice su independencia.

Los propietarios de estos alojamientos se ahorran entre 10.000 y 12.000 euros anuales en impuestos, seguros y adaptación a la normativa, según Castellanos, pero este ahorro no suele repercutir en el cliente. «No ofrecen ninguna garantía, pero sus precios tampoco son una ganga, los equiparan al precio de mercado y al final el cliente paga prácticamente lo mismo que por cualquier otro alojamiento legal de características similares».

Otro de los motivos de la proliferación de estas viviendas es, en su opinión, el desconocimiento por parte de la sociedad. «Creen que al contratar a través de una plataforma 'on-line' es todo legal y no es así». A pesar de ser una cuestión en la que cliente no se fija, advierte de la importancia de tenerlo en cuenta porque «normalmente no ocurren incidentes graves, pero si hay un incendio o cualquier otro accidente todo tiene que estar en regla», apostilla.

Por eso, su recomendación es «fiscalizar lo que se contrata y saber dónde nos vamos a meter». La transparencia es uno de los factores clave para detectar si cumplen con la normativa, «un alojamiento legal proporciona toda la información y garantías de seguridad, sanitarias y medidas antiincendios en cualquier momento, pero el ilegal es muy opaco. Muchas veces ni si quiera dan la dirección hasta que no se formaliza la reserva y eso es un indicio claro», apostilla.

Al analizar el panorama de la ciudad detecta que mayoría de estos pisos se encuentran en bloques del centro de la ciudad, en concreto en el recinto amurallado. Sin embargo, cada vez hay más alojamientos turísticos ilegales en zonas próximas como Zamarramala, La Lastrilla o El Sotillo. «Estamos convencidos de que esta tendencia irá a más porque es una ciudad pequeña y todo lo que hay se ocupa».