La ley de memoria aún no ha conseguido borrar la huella franquista en la provincia

En los últimos años han sido muchos los ayuntamientos que han dado el paso de eliminar estas conmemoraciones personales o colectivas que hacían referencia a la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión. Por ejemplo, Sepúlveda destruyó la última referencia en 2016. Se trataba de una placa ubicada en la antigua escuela Virgen de la Peña en la que se leía el nombre del antiguo gobernador civil Pascual Marín Pérez, jefe provincial del Movimiento.

En 2020 y con el fin de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, Santa María la Real de Nieva hizo lo propio con la plaza de Franco, cuyo nombre se sustituyó por el de Plaza Mayor. En noviembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Ayllón cambió la plaza Ángel del Alcázar, en honor al periodista y espía falangista, por el de plazuela de Santa María la Mayor.

El Ayuntamiento de la capital también ha realizado cambios en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2014, aprobó la denominación de plaza de la Universidad en sustitución de Alto de los Leones de Castilla. Por su parte, la vía General Varela pasó a denominarse calle Retama, en consonancia con los nombres de las plantas de las calles de esta zona cercana al Paseo Nuevo.

Siguiendo esa tendencia, en 2015, el pleno del Ayuntamiento dio luz verde a otros cambios de nomenclatura como el de plaza de Ramiro Ledesma por plaza de San José o avenida Fernández Ladreda por avenida del Acueducto, entre otras. Un año más tarde continuó el proceso con otras entre las que se encontraban calle Alférez Provisional que pasó a llamarse Blanca de Silos, Hermanos Castro Bocos que se cambió por Mónaco, Vázquez Goldaraz por Londres y Comandante González, que se sustituyó por Cofradía de la Piedad.

Sin embargo, todavía son muchos los resquicios del franquismo. Por eso, algunos políticos como el senador de Compromís Carles Mulet García han dedicado parte de sus esfuerzos a reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, de 2007. «Nuestro partido no tiene nada que ver con Segovia, Sevilla o Toledo, pero esta ley no ha tenido la aplicación práctica que debería por parte del Gobierno y muchos ayuntamientos la están incumpliendo», advierte el senador.

Precisamente, uno de los casos plantea una reclamación al Ayuntamiento de la capital, donde todavía existe la calle El Ángel del Alcázar. El concejal del Gobierno Interior y Personal, Andrés Torquemada, dio respuesta a este requerimiento el pasado mes de marzo, indicando que se pondría en conocimiento de la comisión informativa del equipo de Gobierno y que el cambio de nomenclatura se acordaría en el pleno del Ayuntamiento, un paso que todavía está pendiente.

Según Mulet, la Ley de Memoria Histórica tiene dos carencias importantes: por un lado, que no establece un plazo máximo para que se produzca la eliminación de los símbolos franquistas, por otro, la ausencia de un régimen sancionador. Medidas que, tal y como recalca son imprescindibles en la Nueva Ley de Memoria Democrática que está pendiente de tramitación.

A pesar de que se trata de una ley nacional, no todas las comunidades autónomas han alcanzado el mismo grado de cumplimiento. De hecho, admite que algunas como Valencia o Aragón sí que «se han puesto las pilas y han ido eliminando todas las referencias existentes en lugares públicos». Sin embargo, en otras como Castilla y León hay mucho trabajo por hacer y cree que la incorporación del Vox al Gobierno de la Junta supondrá un freno todavía mayor.

El abogado Eduardo Ranz, autor de 'No matarás. memoria civil' ha iniciado en toda España más de 500 procesos de retirada de simbología franquista y admite que algunas de las respuestas más impactantes las ha obtenido en la provincia de Segovia. En concreto, destaca la del alcalde de Turégano cuando le envió el requerimiento para cambiar el nombre a la plaza de José Antonio. «Me dijo que ese no era el José Antonio que yo pensaba, que no era Primo de Rivera, y que la plaza podía haberse llamado Francisco», relata. Entonces, el abogado decidió presentar una demanda ante el Contencioso Administrativo de Segovia. «Cuando lo judicialicé me llamaron del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y retirar el pleito, pero no ha sido fácil, ya que hasta hace un par de años no se sustituyó la denominación de esta plaza y de la avenida del Generalísimo Franco». En su opinión, estas respuestas de representantes públicos «demuestran una ausencia de cumplimiento de sus obligaciones y una falta de respeto hacia los contribuyentes».

Asimismo, Ranz señala que es muy frecuente que los alcaldes y alcaldesas reaccionen de forma negativa o aportando argumentos administrativos cuestionables. Algo similar ocurre con la Iglesia, en el caso de Segovia asegura que Obispado tampoco ha cumplido con la Ley de Memoria Histórica. «Se presentó una petición de retirada de símbolos en 2015 y el Obispo respondió que se llevaría a cabo porque era cumplidor de la ley, pero nunca lo ejecutó«, confirma.

Por eso, Ranz en colaboración con Juventudes Socialistas de Segovia realizó una nueva petición en agosto de 2021 para recordar al Obispado que estas referencias siguen presentes. En concreto, se puede ver una placa en recuerdo a los caídos en la iglesia de San Millán, la inscripción 'los caídos por Dios y por España' en San Miguel y otros símbolos parecidos en San Esteban o las ruinas del antiguo templo de San Agustín.

El último litigio de este abogado en la provincia ha sido a finales de 2020 contra el municipio de Veganzones que todavía conservaba en la plaza del pueblo un monumento dedicado a Cristo Rey y una cruz con el icono de Falange Española. Símbolos que ya han sido eliminados, aunque según el abogado «a estas alturas es una vergüenza tener que judicializar casos como estos».

Además, considera que el verdadero problema se encuentra en los pueblos y no en las ciudades porque es donde más resistencia detectan desde el ámbito popular. «Por lo general hay un rechazo frontal a la retirada de elementos por el recuerdo de otros tiempos, las tradiciones y el y la reticencia al cambio. Sin embargo, se ha demostrado que cuando se cumple con la ley todo transcurre con normalidad y ni las arcas quiebran, ni se producen levantamientos civiles», subraya.

Aunque para Ranz las sanciones no son lo más recomendable incide en que a veces son la única alternativa porque, aunque la Ley de Memoria Histórica establece la congelación de subvenciones a quienes no la pongan en práctica, «es un precepto que no se aplica». De hecho, recuerda que tan solo se hizo efectivo en una ocasión por parte de la Diputación Provincial de Badajoz.

La eliminación de simbología es uno de los aspectos que más ampollas ha levantado la Ley de Memoria Histórica y eso que, tal y como remarca Ranz, es «lo menos costoso económicamente». Tampoco entiende como en España siguen visibles estos restos de apoyo a la dictadura cuando en otros países como Italia, Alemania e incluso Chile es impensable y desde hace años «han hecho un ejercicio de reparación mucho más profundo».

El senador Carles Mulet sentencia que «en España todavía no se ha derrotado a la dictadura» y lamenta que el PSOE «haga un uso electoralista de este tema cuando no hay una verdadera voluntad de reparación». En cuanto a los ciudadanos cree que la aceptación se produce porque «no se plantean quien era ese general que da nombre a su calle». Eso sí, recuerda que hay casos sangrantes como las ciudades que conservaban la Medalla de la Ciudad a Francisco Franco.