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Lirio Martín, subdelegada del Gobierno en Segovia y profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación de la UVA, sabe muy ... bien de qué habla cuando se refiere a la adopción internacional. Es madre de tres hijos adoptados (dos niñas nacidas en China y un niño español) y conoce todos los vericuetos del largo proceso, que es complicado tanto en su caso como cuando las familias siguen el procedimiento para una adopción nacional, desde que se presenta la solicitud hasta que se concluye. Martín participó ayer en la Jornada sobre Adopción organizada por el profesor Ángel Orejana en el campus María Zambrano y detalló que en ambos casos hay una parte común, pues las familias que adoptan en España han de cumplir los requisitos de la ley española y también si se trata de una adopción internacional, y en cualquier otro país además sus normas concretas.
El último Boletín de Adopción de Castilla y León, el número 19 publicado por la Gerencia de Servicios Sociales, recoge que los ofrecimientos para la adopción de un menor en la comunidad fueron el año pasado 126, 23 menos que en 2017, y en la provincia de Segovia la cifra total fue de solo dos, en un notorio descenso desde hace cinco años, pues en 2014 fueron 12, ocho el año siguiente, siete en 2016 y cinco en 2017. En total, 51 ofrecimientos en Segovia desde 2014 y la cifra incluye tanto las familias valoradas pendientes de recibir un niño como las que estaban pendientes.
Son todos nuevos ofrecimientos y los 126 del año pasado, todos residentes en la comunidad castellana y leonesa. De todos ellos, la Gerencia de Servicios Sociales asignó un menor a 42 familias y otras 36 han sido valoradas, con solo dos declaradas no idóneas.
En esta jornada celebrada en la UVA Lirio Martín dejó claro que en la adopción o el acogimiento, dependiendo de cuál se considere la medida más adecuada para proteger al menor, «de lo que se trata no es de seleccionar a un niño para una familia, para unos padres, sino al revés, de seleccionar a unos padres adecuados para que se puedan hacer cargo del menor».
De lo que no hay duda es que el proceso para adoptar a un menor es complicado y requiere tiempo. Martín precisó al respecto que «hace algún tiempo las adopciones internacionales requerían un tiempo relativamente corto, de alrededor de un año, pero actualmente, tanto en adopción nacional como en internacional, estaríamos hablando de ocho años». La estadística de la Gerencia de Servicios Sociales recoge esta dificultad para la adopción internacional (acrecentada por los gastos que conlleva), pues en Segovia hubo dos ofrecimientos en 2014, uno en 2015, tres en 2016 y ninguno en los dos años siguientes, aunque el año pasado se realizó una adopción internacional (procedente de India).
El punto de vista de los jueces lo presentó en el ágora del campus la magistrada Alicia Manzano, titular del Juzgado número 4 y del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que habló de la fase judicial, de la guarda y el acogimiento y de este con fin adoptivo. No todos los casos están relacionados con la violencia de género, y muy pocos llegan al juzgado, explicó, porque la mayoría de estos corresponden a situaciones de desamparo en las que padres o familiares pretenden que se anule esta declaración de desamparo.
El régimen jurídico de la adopción en España, los procedimientos de protección al menor y la intervención del Ministerio Público en estos casos los expuso Inmaculada Martínez, fiscal para la Violencia de Género de la Audiencia Provincial. Martínez repasó la evolución normativa desde 1851, destacó que la última ley, de 2015, contempla los cambios que ha experimentado la sociedad, pues permite adoptar a parejas de diferente sexo, del mismo sexo o familias monoparentales, y recalcó el papel relevante de la fiscalía, que siempre sigue el principio establecido en su estatuto y en otras normas de que «las medidas que se adopten han de ser siempre en beneficio del niño, del interés superior del menor». Los fiscales intervienen en los casos de adopción y acogimiento, subrayó, porque el fin de estos procedimientos ha de ser el de evitar la institucionalización del menor.
La fiscalía, añadió, tiene muy en cuenta el artículo 124 de la Constitución, que les marca la misión de promover la acción de la justicia y velar por los derechos de los ciudadanos y de los colectivos vulnerables, sobre todo cuando hay intereses en discusión, como en el caso de los menores. Y aunque los fiscales son fundamentalmente penalistas, participan en estos procesos civiles siempre con la premisa de que un menor tiene derecho a convivir en una familia donde pueda ser formado de forma adecuada, sin violencia y con tranquilidad, para desarrollarse de forma feliz. En especial, agregó, en los casos de violencia de género en los que, en muchas ocasiones, los menores son víctimas indirectas.
Hoy se conmemora el Día Universal del Niño y se cumplen 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aunque han pasado tres decenios, Unicef recalca que en todo el mundo la pobreza, la discriminación y la marginación siguen dejando en situación de riesgo a millones de niños desfavorecidos. Para muchos de ellos, la adopción es un seguro de vida.
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