Madrid se queda rezagada en la aprobación del plan rector de Guadarrama

Mientras a finales del pasado mes de mayo, justo antes de las elecciones, el Consejo de Gobierno de Castilla y León dio luz verde al decreto que recoge el instrumento para la planificación del parque nacional en el ámbito que le compete, en Madrid esta tramitación está en la cartera de asuntos por realizar. Buena culpa de ello la tiene la situación política en la Comunidad vecina. La indefinición en cuanto al gobierno madrileño, que en los últimos días parece haberse despejado con el acuerdo que hará a Isabel Díaz Ayuso (PP) presidenta, ha influido en que el plan de usos de Guadarrama esté sin la aprobación pertinente.

Las últimas noticias que Madrid tiene sobre este documento crucial para el devenir del espacio se refieren al borrador acordado por ambas comunidades, en noviembre del año pasado; si bien el patronato del parque de cumbres, cuya presidencia es rotatoria, dio el visto bueno al plan rector poco después. Además, la vertiente madrileña de la declaración es la más extensa, ya que acapara el 64% de la superficie del espacio protegido y regulado. El resto se encuentra en la provincia segoviana.

Castilla y León, a través de sus responsables en la Junta, siempre han puesto de manifiesto que ambas regiones han de asegurar la gestión integral del parque serrano y garantizar la conservación de sus ecosistemas, al mismo tiempo que han expresado sus temores por la saturación en la parte madrileña debido al riesgo de masificación. De ahí que sea clave la puesta en marcha del PRUG. De hecho, muchas de las alegaciones al borrador que se analizaron procedentes de Madrid estaban relacionadas a temáticas como los derechos de propiedad o el turismo.

El plan elaborado por Castilla y León para su ámbito territorial fija los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del parque, así como la lista de actividades incompatibles y compatibles. Por ejemplo, la ganadería extensiva se considera un uso tradicional compatible y necesario para la conservación de los hábitats y por ello deberá ser fomentada pero bajo unos criterios ambientales. La necesaria actividad forestal estará sometida, además de a criterios exclusivos de mejora y diversificación de las masas, a todos aquellos preceptos que apoyen al respeto de la flora y la fauna que ya esté instalada en las masas arboladas.