Madrid aprueba el plan de usos del parque de Guadarrama nueve meses después que Castilla y León

En mayo del año pasado, el Gobierno regional aprobó el imprescindible documento que fija las pautas de la regulación y ordenación del parque, las actividades que están prohibidas o restringidas, las obligaciones referidas a la protección, la zonificación y la planificación de su conservación, entre otras muchas cuestiones detalladas en el PRUG, cuyo nacimiento se hizo de rogar después de una amplísima consulta a asociaciones y colectivos implicados a uno y otro lado de la sierra.

A pesar de las críticas y alegaciones registradas por parte de colectivos como los ciclistas de montaña, esquiadores, corredores, senderistas, cazadores, escaladores, profesionales del sector turístico, ganaderos o aficionados al vuelo sin motor y al parapente, el plan salió adelante en Castilla y León una vez estudiadas las más de 900 objeciones presentadas.

La Junta, días antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, aprobó el decreto del Plan Rector de Usos y Gestión de Guadarrama. Desde entonces, en la parte castellana y leonesa se aplica ese marco regulador. Sin embargo, al otro lado del macizo serrano las tramitaciones del PRUG se han alargado mucho más. En Madrid, el procedimiento para encender la luz verde al plan rector ha culminado este mismo mes. Hace unos días la Asamblea que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó el documento con las instrucciones y las reglas a seguir en el parque nacional.

Además, la Consejería de Medio Ambiente de la región vecina también anunció el viernes su proyecto de inversión para los próximos diez años, cuyo desembolso supera los 50 millones de euros, han confirmado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Mientras tanto, estos nueve meses han transcurrido con el PRUG solo vigente en una de las vertientes del Parque Nacional de Guadarrama. En Madrid, las disputas políticas han tenido mucho que ver en el retraso que ha acumulado el trámite. Los meses de indefinición en cuanto al gobierno madrileño, cuya incógnita empezó a despejarse en agosto, han demorado la aprobación, además de la mayor complejidad al ser el territorio con mayor superficie de parque nacional. Conviene recordar que el borrador del PRUG que acordaron ambas comunidades autónomas vio la luz en noviembre de 2018.

Castilla y León, a través de sus responsables en la Junta, siempre ha puesto de manifiesto que ambas regiones han de «asegurar la gestión integral del parque serrano y garantizar la conservación de sus ecosistemas», al mismo tiempo que han expresado sus temores por la saturación en la parte madrileña debido al riesgo de masificación. De ahí que sea clave la puesta en marcha del PRUG.

De hecho, muchas de las alegaciones al borrador que se analizaron procedentes de Madrid estaban relacionadas a temáticas como los derechos de propiedad o el turismo. El parque recibe 2,5 millones de visitantes al año.

La Comunidad de Madrid, a través de su consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, se ha felicitado de que por fin cuenten con la herramienta del PRUG, que sitúa en uno de sus puntos de mira más conflictivos las restricciones a las actividades deportivas por el rechazo que ha concitado entre los aficionados.

Las cada vez más frecuentes carreras pedestres que recorren apenas el 1% de la superficie en este paraje han de satisfacer una serie de condiciones, como que su recorrido y fecha no dañen los ecosistemas o que el número de participantes no supere los cuatrocientos en cualquier caso. Estos corsés en forma de requisitos limitan muchas pruebas.