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La liquidación de la concesión del 'parking' de José Zorrilla, valorada en 4,8 millones de euros por una sentencia de noviembre pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), revive las pesadillas del gobierno de la alcaldesa, Clara Luquero, con ... la justicia y la herencia recibida. El precio pagado (y por pagar) de litigios perdidos, expropiaciones judicializadas y otros pleitos resueltos en contra de los intereses del Consistorio no es precisamente barato. La calculadora de la principal fuerza de la oposición echa humo al sumar los desembolsos de los últimos cinco años para saldar los reveses recibidos en los tribunales «por una gestión urbanística errónea», afirma el portavoz del PP, Pablo Pérez.
Los sumandos deducen un coste para las arcas municipales de 23,4 millones de euros, entre los pleitos ya abonados y los que están pendientes aún de pago por distintas circunstancias. El último, los cerca de 1,2 millones de euros que tendrá que abonar el Consistorio por la liquidación del contrato de concesión del 'parking' José Zorrilla con la empresa que «abandonó unilateralmente la explotación», ha precisado la regidora. Este montante se suma a los 3,6 millones ya abonados. La corporación aprobará en el próximo pleno una modificación presupuestaria para cumplir con el TSJCyL.
A mediados de esta década, el Ayuntamiento se puso la toga y litigó en operaciones urbanísticas que al final han repercutido en las arcas. Hay que remontarse a 2014 cuando el TSJCyL ordenó el pago de 1,3 millones de euros por la expropiación de dos parcelas de Jerónimo de Aliaga. El Ayuntamiento calificó como suelo urbano consolidado las parcelas, inicialmente catalogadas como zonas verdes, y emprendió el proceso de expropiaciones, pero sobre la situación anterior. Algunos de los titulares aceptaron la valoración, pero otros recurrieron y la comisión de justiprecios fijó cuantías que doblaban la propuesta municipal. El recurso del Consistorio fue desestimado y los dueños pidieron la ejecución de sentencia.
Tras un largo litigio con la propietaria de la parcela donde se construye el centro formativo de San Lorenzo, el Supremo ratificó que el Ayuntamiento tenía que pagar 5.641.828 euros más intereses de demora por la expropiación de la finca conocida como la 'Casa de Guardas'. Al final, un coste de 6,7 millones, cinco más de lo que planteado por el Consistorio.
El otro gran pleito, por lo caro que resultó, se remonta a 2006, cuando a instancia de los propietarios se inició la expropiación forzosa de unos terrenos situados entre Padre Claret, San Gabriel y Vía Roma. La propiedad consideró que si por esta parcela bajaban instalaciones públicas, como colectores y redes de saneamiento. No hubo acuerdo con el entonces alcalde, Pedro Arahuetes. Tras años de judicialización, los tribunales fallaron que el Consistorio tenía que abonar 6,7 millones de euros.
De aquellos barros los lodos que también se verán en el pleno de la semana que viene. Y es que a él irá el abono pendiente de los intereses de esta expropiación en el talud de Padre Claret, cuyo importe es de casi 857.000 euros, a los que hay que sumar en otro polémico capítulo de la gestión urbanística de Segovia de los últimos años los 225.811 euros que también ha de pagar el Ayuntamiento en concepto de indemnización por el pleito en torno a la Casa de la Parra.
Otro revés. En enero de 2015, el Tribunal Supremo finiquitó el largo litigio por la ocupación irregular, y posterior expropiación, de la polémica finca de la calle Soldado Español. El coste ascendió a 2,4 millones de euros.
Estos son los pleitos millonarios, pero ha habido otros reveses judiciales menos aparatosos en cuanto a las cifras, pero que también han hecho mella en las cuentas municipales. Para muestra, el botón de las marquesinas de la estación de autobuses, con un coste de 430.000 euros.
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