Segovia

El juzgado reclama la retirada de los restos de la planta de compostaje de Fuentepelayo

La sentencia 24/2019 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Segovia, publicada el 21 de enero de 2020, obliga a limpiar los suelos afectados por la actividad y las aguas subterráneas, así como retirar los residuos que quedaban en el epicentro de la supuesta planta de compostaje. Así lo estipula el fallo: «En concepto de responsabilidad civil, D. Juan Francisco Cárbada y la entidad Agraman –su empresa– deberán conjunta y solidariamente y a su costa llevar a cabo las tareas de limpieza necesarias de las parcelas en las que depositaron los residuos y lodos, limpieza de la acequia en la que realizaban el vertido de lixiviados y la gestión y compostaje de la totalidad de los residuos existentes en la planta y en las instalaciones».

Desde el inicio de su actividad, en 2015, la empresa fue denunciada en varias ocasiones por depositar residuos y líquidos no compostados o compostados de una manera deficiente no solo en Fuentepelayo, sino en municipios limítrofes como Zarzuela del Pinar y Aguilafuente. Ello dio lugar a que el 22 de enero de 2016 se adoptaran una serie de medidas provisionales para impedir la entrada de nuevos residuos en la planta y a que la Junta iniciara el procedimiento sancionador.

La sentencia concluyó que «la mala gestión de la planta ha supuesto un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales tanto en las aguas como en el terreno», desde los lixiviados de la Cacera de las Cabras, que desemboca en el río Malucas, a los depósitos sólidos de las parcelas adyacentes por su «riesgo de lixidiación de las aguas subterráneas y de contaminación futura del suelo, además del riesgo biológico para la fauna silvestre que se acerque al lugar».

Pero la situación sigue en un status quo. «Estamos viendo pasar el tiempo, pero la planta no se ha limpiado. Sigue teniendo ahí basura que se va esparciendo con el viento o las lluvias. Y no tenemos conciencia de que hayan hecho ningún trabajo de restauración de los suelos», subraya Ordoñez. Todo el terreno contaminado es de uso agrícola. La plataforma tampoco tiene constancia de ninguna actuación sobre las aguas subterráneas.

Los vecinos de Fuentepelayo se encontraron por casualidad con una vivienda que Cárdaba tiene en el pueblo anunciada en subasta. «No sabemos si se ha vendido, nosotros no hemos visto movimiento. Está sin usar». El empresario vivía en Segovia capital cuando se desató la polémica y la parte de su familia que aún reside en el pueblo ha mantenido un perfil bajo. «No se les suele ver. Y ya es difícil en un pueblo que no se note a nadie». Tras cumplir su pena de prisión, se encuentra en libertad. Los vecinos acudieron al juzgado a pedir la ejecución de la sentencia.

La Junta fue quien dio la autorización de impacto ambiental y quien intervino de oficio a la hora de retirar toneladas de basura que ocupaban las parcelas de Cárdaba, que fue condenado como una suerte de administrador único pese a que tenía una sociedad con un empresario catalán. Ahora debe ejecutar, a costa del condenado, los trabajos que consisten en la gestión de todos los residuos existentes en la planta y en las instalaciones con un gestor autorizado, justificando documentalmente su entrega, explica la Consejería de Medio Ambiente.

La distancia ayuda al olvido y la planta está a unos dos kilómetros del centro urbano de Fuentepelayo. No son muchos los vecinos que usan el camino «porque cada vez hay menos gente trabajando el campo», pero se quejan del abandono. Ordoñez habla de «comentarios de barra de bar» como: «Paso por ahí y da pena que tengamos eso todavía en el pueblo». Hay que ir expresamente por el camino para percibir los restos. Queda lo que fue años atrás un vallado metálico con muestras evidentes de abandono, con roturas múltiples, y una especie de muro vegetal exterior. Así como el hormigón para las balsas de decantación y más montones de residuos.

El 19 de junio de 2023, el juzgado concedió un plazo de 18 meses para la realización de los trabajos, que podrían dilatarse hasta diciembre de 2024 como máximo. La actuación no se realizó y la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental remitió una propuesta de alternativas para ejecutarlos. Dicho informe concluye que el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados considera como una opción «técnica, económica y ambientalmente más adecuada y viable», la posibilidad de realizar una gestión in situ, en aplicación además del principio de proximidad para una economía circular. Es decir, en el lugar más cercano y tiempo a dónde son generados y con métodos alternativos a la incineración. También trasladó la solicitud de indulto formulada por Cárdaba, que pedía ser él mismo quien emprendiera las tareas, argumentado que las ha realizado en varias ocasiones y puede volver a realizarlas.

En las últimas semanas, el juzgado ha requerido al propietario de la planta a que cumpla la sentencia y ejecute las actuaciones para restaurar los terrenos. Según Ordóñez, advierte incluso con posibles embargos de algunas de sus propiedades. Pero en el entorno de la planta no hay movimiento. Ni de Cárdaba ni de la Junta de Castilla y León. «Es la Fiscalía la que debe hacer que se cumpla la sentencia», concluye Ordóñez.