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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia ha acordado el sobreseimiento del proceso civil interpuesto por la Fundación Caja Segovia contra los doce miembros del consejo de administración de la extinta entidad de ahorro que aprobaron la hipoteca del ... Torreón de Lozoya, y por el que reclamaba hasta 2,5 millones de euros por daños y perjuicios. El archivo de la vía civil se produce una vez el mismo juzgado ha estimado las alegaciones presentadas por tres de los consejeros (Atilano Soto, Manuel Agudíez y Elena García Gil), así como por la compañía de seguros Caser, también incluida en su demanda por la fundación presidida por Javier Reguera.
En concreto, la jueza estima la falta de legitimación activa de la Fundación Caja Segovia alegada por una parte de los codemandados. Expone en su auto que si bien la Fundación Caja Segovia aporta una certificación emitida por la secretaria del Patronato en 2018 en la que se recoge la unanimidad de los 10 patronos de la Fundación de acordar el inicio de las acciones judiciales civiles contra los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Segovia que intervinieron en la adopción de los acuerdos necesarios para solicitar la formalización del préstamo hipotecario, con la finalidad de poder exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios causados al patrimonio de la entidad por su actuación, «no se acompaña el acuerdo motivado del órgano de gobierno del Patronato». Además, añade que el certificado recoge «parcialmente» el acuerdo del patronato de la Fundación «en el que no constan los miembros del Patronato que adoptaron el mismo y cuál es su motivación». Por ello, la jueza entiende que «falta un requisito de la acción», motivo por el cual estima la falta de legitimación activa alegada por parte de los codemandados. Una decisión que supone el sobreseimiento de la vía civil del proceso, con imposición de las costas a la propia Fundación Caja Segovia, dejándose sin efecto el señalamiento del juicio previsto para el próximo 17 de febrero.
El inicio de la demanda civil contra los doce consejeros y Caser se remonta al acuerdo al que llegó la Fundación Caja Segovia con Bankia en junio de 2017. El acercamiento de posturas puso fin al estrangulamiento financiero que padecía la institución encargada de coger el testigo dejado por la Obra Social y Cultural. «Es un antes y un después», subrayó por aquel entonces Javier Reguera, presidente de la Fundación Caja Segovia. Aquel pacto supuso la cancelación de todas las cargas sobre todos los bienes que estaban sujetos a aquella operación crediticia.
En los tribunales también tuvo una repercusión clave. La fundación se retiró del cauce penal como acusación particular. Este movimiento dejó sola a Izquierda Unida (IU) en el litigio del Torreón. Ante este escenario en el que el Ministerio Fiscal defendía el sobreseimiento, en julio de 2017 el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital segoviana dio carpetazo al asunto penal cuando estaba a las puertas del juicio oral.
Los doce nombres que eludieron el banquillo son los de Atilano Soto, expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; además de Elena García Gil, que dimitió del patronato de la fundación; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; María Concepción Monte; Alfredo Velasco; Antonio Rodríguez; Miguel Ángel de Vicente; José Luis Sanz Merino, y Jesús Yubero. Todos ellos fueron exculpados de un presunto delito de administración desleal, a pesar de que la Audiencia Provincial había ratificado la petición de juicio oral.
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