El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, ha reprochado al equipo de gobierno que preside la alcaldesa socialista, Clara Luquero, de «ocultar» la resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el conflicto que mantenía el Consistorio de la ciudad y la anterior empresa concesionaria del 'parking' de José Zorrilla. Según el concejal de la principal bancada de la oposición, el pasado mes de noviembre la Sala Regional emitió una sentencia «de la que no se ha informado hasta la pasada junta de gobierno local».
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Dicho fallo confirma que las arcas municipales tendrán que pagar 1,2 millones de euros más en este litigio contencioso administrativo, que se suman a los 3,6 millones que ya había abonado con anterioridad para liquidar el contrato con la empresa concesionaria del aparcamiento, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Collosa-Pygsur. Por lo tanto, al Ayuntamiento de Segovia le va a salir la liquidación de la explotación por cerca de cinco millones de euros.
Esta resolución deriva de una anterior, conocida en mayo del año pasado, en la que el TSJCyL estimó de manera parcial el recurso que interpuso la antigua concesionaria sobre el derecho a percibir el lucro cesante. La compañía demandaba a las arcas municipales 14,7 millones de euros. Sin embargo, el valor de aquella sentencia era que en su fundamentación estipulaba las pautas a seguir para hacer el cálculo del citado lucro cesante, aunque sin especificar el coste definitivo.
Entonces el equipo de gobierno, que estaba en funciones en vísperas de las elecciones, ya intuía que el coste que tendría que hacer efectivo el Consistorio iba a estar en torno al millón de euros, una cuantía de la que Clara Luquero dijo que se iba a descontar el desembolso aparejado al mantenimiento del 'parking' de la discordia, ya que un fallo judicial anterior condenaba a la unión de empresas a hacer frente a esos costes por «la dejadez en el mantenimiento» del aparcamiento subterráneo.
Ahora, Pérez lamenta la confirmación de la resolución del TSJCyL, otra más contraria a los intereses del Consistorio de la capital, y ha arremetido contra lo que considera «errores de gestión» que ha cometido el gobierno municipal socialista a lo largo de los últimos mandatos, primero con Pedro Arahuetes y ahora con Clara Luquero. Dichas equivocaciones a las que se refiere el portavoz popular «han salido muy caras a los segovianos».
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En este tono crítico, Pablo Pérez también ha recriminado a la alcaldesa y a su equipo «la falta de transparencia» por no haber informado hasta transcurridos casi cuatro meses de la nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia, fechada en noviembre del año pasado.
Asimismo, ha desvelado que el abono de estos 1,2 millones de euros a mayores que tendrá que pagar el Ayuntamiento se tratará en la próxima sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes del febrero que celebrará la corporación la semana que viene. En concreto, Pablo Pérez ha especificado que dicho pago en cumplimiento de la sentencia judicial saldrá de las arcas municipales mediante «una transferencia de crédito». Para el concejal popular y senador, los reveses que la justicia ha propinado al Consistorio en los últimos años «siguen comprometiendo a las arcas municipales y es dinero que se está dejando de invertir en la ciudad».
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Pérez se lamenta de lo mucho que se podría haber hecho en la ciudad con el dinero desembolsado a raíz de las sentencias judiciales perdidas. Así, cita a modo de ejemplos la sustitución de las conducciones de fibrocemento, la mejora de la calidad del agua, el arreglo de los polígonos, el asfaltado y la rehabilitación de calles y aceras, la eliminación del cableado de las zonas históricas o la mejora de la accesibilidad, entre otras muchas cuestiones.
«Estos casi cinco millones de euros que se le va a pagar a la anterior empresa concesionaria salen de la incapacidad del gobierno socialista para gestionar bien; un gobierno que si hubiera hecho las cosas correctamente no hubiera tenido que enfrentarse a esta sentencia», incide el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, quien responsabiliza a la gestión de la alcaldesa de «no haber puesto los medios para solucionar los problemas con el aparcamiento de José Zorrilla».
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Según argumenta el líder de la bancada del PP, el equipo de gobierno no llevó a cabo un seguimiento de la concesión, ni reguló la zona azul en el entorno del 'parking', ni tampoco cerró el espacio dedicado al estacionamiento en el antiguo Regimiento.
Todo ello, arguye Pablo Pérez, se ha vuelto en contra del Consistorio hasta que hace cuatro años el juzgado declaró la resolución del contrato con la concesionaria «por causa imputable al Ayuntamiento».
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«Este gobierno nos está saliendo muy caro a los segovianos y sin ninguna productividad para nuestra ciudad», ha hecho hincapié el portavoz de las siglas populares en la corporación, quien ha avanzado que en un mes «saldrán de las arcas municipales más de dos millones de euros para pagar sentencias en contra, indemnizaciones e intereses por expropiaciones mal realizadas».
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