La Justicia decidirá si el PRUG «enmascara» intereses hosteleros en Guadarrama

La asociación conservacionista está a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica reciba el informe sobre el plan rector y se pronuncie sobre él. Si al final la Administración General del Estado no corrige el contenido y da luz verde a la regulación del espacio protegido según figura en el articulado del PRUG actual, Ecologistas recurrirá a la justicia. Nieto explica que «no se puede tomar ninguna medida legal hasta que no haya una aprobación definitiva». La representante de Ecologistas en Acción intuye que ese visto bueno llegará antes de que finalice el actual mandato autonómico, es decir, antes de la cita electoral de mayo.

«Este plan rector desprotege», apostilla la portavoz. «Estamos ante la paradoja de que el Parque Nacional ha llegado a la sierra para desprotegerla y para anteponer usos particulares de carácter lucrativo sobre el objetivo prioritario que es la conservación del espacio», critican las delegaciones de Ecologistas en Acción en Segovia y Madrid. Nieto precisa que el PRUG está «supuestamente» concebido para ser el documento más conservacionista, por eso la Ley de Parques Nacionales estipula que sean estos marcos los que ejerzan de referencia normativa a seguir en los espacios protegidos declarados. Pero en el caso del Parque Nacional de Guadarrama, «es una perversión», subraya Nieto.

Aunque sus alegaciones en el periodo habilitado fueron desestimadas, Ecologistas en Acción insiste en que el PRUG «está intentando legalizar» infraestructuras que no cuentan con autorización. En concreto, la representante enumera tres proyectos, dos de ellos en la vertiente madrileña y uno que atañe a la parte segoviana. Éste último corresponde a la ampliación del refugio de Navafría, gestionado en la actualidad por una empresa dedicada a la práctica de deportes de invierno. «Se está intentando ampliar la capacidad del refugio para incrementar el negocio, aunque lo enmascaran como punto de información», pone de relive la portavoz de Ecologistas en Madrid, quien a su vez precisa que «hasta la fecha no se ha podido autorizar por no permitirlo la normativa urbanística y ambiental de Castilla y León».

Nines Nieto añade que la legislación sobre la declaración de la Parques Nacionales prohíbe la realización de nuevas instalaciones o ampliar las ya existentes si su función no es la gestión directa del espacio protegido. Tal y como está redactado el PRUG, la representante de la organización conservacionistas piensa que puede favorecer «la flexibilización de las normas urbanísticas».

«Los puntos de información tienen que estar en los entornos urbanos de los pueblos», reivindica la representante de la asociación. En esta línea, manifiesta sus dudas sobre el sentido que puedan tener estos enclaves en zonas más cercanas a las cimas, «a no ser que se quieran hacer pasar por puntos de información un pequeño bar o la ampliación del espacio para el alquiler de material». Nieto apunta que esta fórmula no es nueva y que ya se ha empleado en otros entornos de la falda madrileña del Parque Nacional. Por ejemplo, en La Pedriza, dentro del término de Manzanares el Real, Ecologistas en Acción advierte de que el actual PRUG, si el Ministerio no lo corrige, permitirá la instalación de usos terciarios en las casas forestales de Canto Cochino, «una actividad, hoy no autorizable». Nines Nieto concluye que la administración madrileña está siendo «más opaca» que la de Castilla y León a la hora de las tramitaciones