El jurado declara culpable a un funcionario de Segovia por cobrar tasas falsas en la renovación del DNI

Por su parte, la representación legal de la Abogacía del Estado no incluía en su escrito de acusación el delito de falsedad documental, por lo que la pena que pedía quedaba acotada a los delitos de malversación, para la que solicitaba un año y seis meses de multa y prisión, y quince meses de sanción a mayores por exacciones ilegales.

Según argumentó el Ministerio Público, los hechos se remontaban, al menos, a enero de 2019, cuando el acusado, en el ejercicio de sus funciones como funcionario auxiliar del Cuerpo General de la Administración del Estado en la oficina de expedición del DNI y del pasaporte de la Comisaría Provincial de Segovia, aprovechando la gratuidad de la renovación del DNI en determinados casos (como cuando se produce un cambio de domicilio o cuando hay un error en el chip) cobraba una tasa falsa a los ciudadanos.

En concreto, la Fiscalía ha sostenido que en al menos 82 ocasiones el acusado hizo pequeñas modificaciones en la forma de designar el domicilio del ciudadano que acudía a renovar su DNI, mínimas e irrelevantes en casos de una renovación normal del documento, pero que hacían que la expedición del nuevo DNI se generara con una tasa de cero euros, cuando realmente, sin esos cambios introducidos por el acusado en la dirección, la tasa es de 12 euros. El funcionario ocultaba al ciudadano la pantalla donde figuraba la indicación de la gratuidad de la renovación y le cobraba la tasa que legalmente sí le correspondía, cantidad que el acusado hacía suya al tiempo que hacía constar falsamente en la base de datos oficial que el DNI correspondiente había sido renovado por cero euros.

Por otra parte, el Ministerio Público indica que en al menos otras 71 ocasiones, en las que el ciudadano que acudía a renovar el DNI sí que había cambiado realmente de domicilio con su documento de identidad en vigor (en esos la renovación es gratuita), el acusado escondía a los ciudadanos la gratuidad de la tasa y les cobraba 12 euros, cantidad de la que se apropiaba.

Durante el juicio, el acusado se declaró inocente y negó que se hiciera con ese dinero a través del cobro fraudulento de las tasas del DNI.