La Junta limita a un máximo de cinco empresas el piragüismo en el Duratón

La propuesta de la Consejería, que ha estado expuesta al público hasta el pasado lunes para que particulares, asociaciones, entidades y organismos públicos pudieran presentar alegaciones, no ha obtenido el visto bueno de varios ayuntamientos situados en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón: Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río han hecho sus alegaciones, piden anular esta propuesta, que se retire el proyecto normativo y que los planes de ordenación, de uso y gestión del parque sean consensuados, tanto con los municipios como con el tejido social y asociativo y las empresas.

El límite de cinco autorizaciones para el piragüismo comercial reduce en la práctica a este mismo número el de empresas que podrán dedicarse a esta actividad. Los requisitos para obtener el permiso los recoge el capítulo quinto de la orden y el primero es que la empresa esté inscrita como de turismo activo (conforme al decreto de 2007 y la demás normativa de turismo).

También son requisitos para las empresas poseer la autorización para la navegación, tener el número máximo de embarcaciones establecidas, es decir, 34 si se suman las 24 permitidas para navegar de forma simultánea, las dos para monitores en cada uno de los tres grupos (seis en total) y cuatro de reserva. El cuarto requisito es elaborar una amplia memoria sobre los recursos de la zona y un programa para la promoción del parque natural. La orden establece que la vigencia de las autorizaciones de piragüismo comercial terminará el 31 de diciembre de 2021, aunque el plazo podrá ampliarse dos años más, hasta el final de 2023.

Pero los alcaldes de los tres municipios, Ramón López (Sepúlveda), Jorge Benito (Sebúlcor) y Henar de Pablo (Carrascal) exigen la retirada de la propuesta normativa porque «supondrá un duro varapalo para la economía de la zona», porque inducirá «una importante destrucción de empleo» al tener que cerrar la mitad de las empresas que ahora se dedican a esta actividad y, de forma indirecta, en los pequeños negocios de los pueblos de la zona, casas rurales, bares o restaurantes. Afirman los tres alcaldes, en una nota que ha publicado el Partido Socialista de Segovia, que otros municipios de la zona se suman a sus alegaciones porque «también se verán afectados por un proyecto que deja traslucir de forma evidente el desconocimiento de la zona y de la realidad de nuestro entorno por parte de quienes desde un despacho han redactado una norma que, de llevarse a cabo, en poco o nada ayudará a mantener población».

Además de pedir que sean consensuados los planes de ordenación de los recursos, usos y gestión del parque natural, sobre todo porque se ha incumplido la obligación legal de aprobarlos un año después de la declaración del parque, pues han pasado 31 años y esa carencia «impide cualquier regulación».

Alegan también la nulidad del procedimiento para aprobar la orden, entre otras cosas por la falta de consultas a los intereses de los afectados, en particular a las empresas que se dedican al piragüismo, y también porque, en opinión de los ayuntamientos, la orden que se sometió a información pública no cuenta con una memoria económica.

En este sentido, añaden los ayuntamientos que limitar a cinco el número de empresas, la mitad de las actuales, «supone unos derechos compensatorios a favor de los afectados» que debe asumir la Junta, a pesar de que la memoria económica no exista, y subrayan que consideran «un estrangulamiento económico de la zona, con una clara restricción de la libertad de empresa», al tiempo que destacan la «clamorosa» ausencia del análisis sobre la repercusión que supone, que «recorta bienes y derechos a los propietarios, trabajadores, empresarios y habitantes de la zona», es «una expropiación encubierta» y, si la orden se aprueba en sus términos actuales, propiciará la despoblación, disminuirá las actividades económicas y empresariales, reducirá la rentabilidad de las existentes, aumentará sus costes o, directamente, las eliminará».