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La Junta de Castilla y León ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Segovia han firmado un procotolo, cuya vigencia es de cuatro años, que establece que ambas instituciones elaborarán las fórmulas que permitan la programación conjunta y el establecimiento de medidas de explotación coordinadas de los servicios de transporte de su respectiva titularidad dentro de los 23 municipios que, además de la capital, integran el transporte metropolitano de Segovia para dar servicio a casi 83.000 habitantes, según detalló el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.
Este servicio, informa Ical, cuenta con diez rutas y un total de 25 autobuses, de los que 20 hacen itinerarios totalmente metropolitanos. Desde su implantación en 2009, el servicio de transporte metropolitano «ha realizado más de 7,8 millones de viajes», aseguró el consejero. Una demanda que ha ido creciendo con el tiempo llegando en 2023 a superar los 630.000 viajes. «Una cifra récord con un incremento de más del 20% respecto a 2022», señaló. Tanto es así que en lo que va de 2024 se produjeron 342.970 viajes, el 78% de ellos realizados con el título de transporte bonificado y, por lo tanto, por usuarios recurrentes del servicio.
Convocarán a los ayuntamientos y empresas concesionarias para analizar conjuntamente los servicios de transporte público regular del uso general de viajeros por carretera, como primer hito del protocolo suscrito, para después licitar los pliegos de explotación del servicio previsto en el año 2025.
En cuanto a la elaboración del Mapa de Transportes de Castilla y León, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, lamentó no conocer ninguna novedad formal porque, tras la firma del decreto de 2022, «el Gobierno de la Nación ha interferido en el desarrollo» con la presentación de un proyecto de ley de Movilidad Sostenible «que incide de forma negativa al optar por una movilidad que prima los movimientos interurbanos y que orilla al medio rural». Sanz Merino señaló que el borrador del Gobierno «directamente cuestiona todo el modelo de movilidad que tenemos en Castilla y León». Según la Administración autonómica, plantea la supresión de más de 400 paradas en las provincias de Castilla y León que afectan a más de 300 municipios.
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«Hemos demandado la participación de las comunidades autónomas y la sensibilidad con el reto demográfico con el fin de no propiciar la progresiva concentración urbana», dijo Sanz Merino, contrario a que las líneas deficitarias pasen a ser responsabilidad de las comunidades autónomas. En este sentido, el consejero también rechazó la propuesta del Gobierno central de financiar estas líneas a través de un sistema que tiene en cuenta el número de pasajeros. Según explicó, la propuesta de la Junta de Castilla y León es financiar en función del número de vehículos y los kilómetros recorridos.
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