La Junta defiende la legalidad y el ahorro de 2.720 euros al mes del centro covid de Padre Claret

Mazarías insiste en que «no hay ningún precepto que limite la capacidad de contratación en este caso, por lo que no existe incompatibilidad alguna»; aunque exista la coincidencia de siglas políticas y reconozca la militancia de Gilarranz, y subraye que ésta «no le impide alquilar sus propiedades».

El delegado territorial tacha de «deleznable, zafio y grosero el intento de sembrar sombras de sospechas» sobre el funcionamiento de este punto de asistencia al coronavirus, que abrió sus puertas el pasado 11 de enero no sin polémica por la oposición vecinal de residentes en los portales anexos al centro sanitario. Los inquilinos inciden en su protesta porque consideran que el emplazamiento es inadecuado debido al tránsito que habitualmente registra esta zona y, sobre todo, por la cercanía de tres centros educativos, uno de ellos, el Claret, situado enfrente.

Por su parte, Mazarías, además de defender la «legalidad» de la operación entre el empresario y la Administración regional, esgrime el «ahorro que supone para todos los castellanos y leoneses». Y es que la renta acordada entre el titular del local y la Gerencia de Asistencia Sanitaria es de 2.280 euros al mes, un 54% menos de lo que la Consejería de Sanidad abonaba al Hotel Acueducto cuando el alojamiento hizo las veces de 'arca de Noé' y de consultorio para posibles casos de covid. Ese pago mensual por el uso de algunas de las habitaciones del hotel ascendía a 5.000 euros mensuales, precisa el Mazarías, por lo que el emplazamiento actual «ahorra» 2.720 euros a la Junta.

Los grupos en la oposición del Gobierno regional dudan de la legalidad esgrimida por el delegado territorial. La procuradora segoviana del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, Alicia Palomo, anunció ayer que su formación va a pedir explicaciones «urgentes» a la Junta para que aclare el proceso de contratación del local que alberga el punto covid. Recuerda, además, la reciente visita de la Inspección de Trabajo a las instalaciones de Padre Claret en la que constató las deficiencias en salud laboral y prevención de riesgos denunciadas por el sindicato de enfermería Satse. Asimismo, Palomo exige a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que se pronuncie sobre la idoneidad del centro covid, tras el rechazo vecinal, las carencias detectadas y «el alquiler a un dirigente del PP provincial». Para la procuradora, «parece que hay algo más irregular de lo que debería» en torno a estas dependencias asistenciales.

El portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de la ciudad, Guillermo San Juan, también ha criticado el arrendamiento y califica de «escándalo que el Partido Popular de la Junta anteponga a los intereses de un miembro de su dirección a la salud y la seguridad de los segovianos». El concejal subraya que sus siglas instaron hace tiempo a usar una instalación en el polígono de El Cerro «que podría utilizarse a coste cero porque se usa de almacén». Sin embargo, Mazarías rebatió esta propuesta ya que las obras de acondicionamiento elevaban la inversión por encima de los 70.000 euros.