Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Lo dice la legislación y a ella se remite el Procurador del Común de Castilla y León. El Defensor del Pueblo en la comunidad cita la Ley Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía: «La garantía efectiva del ... derecho de todos los castellanos y leoneses vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad ambiental con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible».
Para Tomás Quintana, este artículo es un «principio rector» que ha de regir la actuación de los poderes públicos en Castilla y León y el que enarbola para instar a la Junta a «tomar las medidas necesarias» en lo relativo a los proyectos de macrogranjas que proliferan en la región, aunque con especial incidencia en tres provincias: Segovia, Soria y Zamora.
Hasta llegar a esta conclusión, el Procurador del Común ha estudiado los números que perfilan la situación en la que se hallan estas instalaciones (tanto los que ya han cristalizado como los proyectos que todavía no se han materializado).
informe del procurador del común
Aunque acude a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para recabar la información, el Defensor del Pueblo castellano y leonés se fía más de la «relevancia» de los datos de la primera, ya que no solo incluye las explotaciones porcinas inscritas en el registro oficial, sino que también tiene el cuenta «proyectos que han obtenido la autorización ambiental integrada, pero que puede que aún no se encuentren en funcionamiento».
A partir de esta premisa, Segovia acapara un protagonismo formidable. Según las estadísticas recogidas por el Procurador del Común en una reciente resolución sobre la implantación de macrogranjas de cerdos en la región, la provincia ha concentrado una de cada cinco iniciativas que, por su capacidad, han requerido la solicitud y aprobación pertinentes del citado permiso ambiental integrado. En el conjunto de la comunidad, las cifras facilitadas por Fomento y Medio Ambiente señalan que son 591 autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2018, de las que 118 se localizan en la provincia segoviana.
Más concretamente, entre el 1 de enero de 2016 y finales del año pasado, la Administración autonómica ha sometido a 157 proyectos al trámite de evaluación para encender o no la luz verde de la viabilidad ambiental. Ochenta de estas iniciativas obtuvieron el visto bueno oficial, lo que supone el 51% de las presentadas a lo largo y ancho del territorio de la comunidad.
De ellas, trece se localizan en diferentes términos municipales de Segovia, lo que la convierte en la tercera provincia con más permisos para la puesta en marcha de macrogranjas habilitados por la Junta en el citado periodo de tres años. Por delante están Salamanca, que suma veintiuno, y Soria, donde se tramitaron quince autorizaciones ambientales integradas.
Las citadas trece explotaciones porcinas permitidas en Segovia se ubican en Lastras del Pozo; Cabezuela; Santa María la Real de Nieva; Vallelado; Languilla; Nieva; Chañe; Olombrada; Sebúlcor; Fuentesaúco de Fuentidueña; Puebla de Pedraza, y dos en Veganzones. A ellas, el Procurador del Común añade en su informe otras dos que ya están incluidas en el Registro de Explotación Ganaderas de Castilla y León (REGA) y que son las registradas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Una está en Donhierro, con una capacidad de 2.700 plazas; y otra en Sangarcía, para 2.000.
informe del procurador del común
El análisis que hace el Procurador del Común previo a sus conclusiones recoge a su vez la aprobación, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), de una única autorización ambiental integrada este año, derivada de un procesos de revisión, concedida a una explotación en Martín Muñoz de las Posadas. Asimismo, también precisa la articulación de cinco modificaciones «no sustanciales», que suelen estar aparejadas a un aumento de las cabezas de ganado permitidas, aplicadas en dos granjas de Cuéllar, una de Aldeonte, otra de Veganzones y una más emplazada en el término de Villacastín.
El presidente provincial de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Juan Manuel Palomares, toma con cautela la resolución del Procurador del Común sobre las macrogranjas de porcino. Le parecen «lógicas» las exigencias que concluye el informe elaborado y que se refieren a un mayor control e inspección, a más ayudas a los profesionales y a mejoras en las dotaciones técnicas para evitar la contaminación por purines. «Es bueno que se busquen soluciones para los ganaderos», incide con un matiz: «ahora hay que ver cómo casa todo eso con el equilibrio de un sector económico que es muy importante». Palomares cree que la resolución del Procurador del Común «parte de un concepto erróneo, que es la propia definición de macrogranja». O mejor dicho –matiza el representante de UCCL– de «la no existencia de una definición legal ya que no hay una norma que lo recoja como tal en negro sobre blanco».
En este sentido, el tamaño no importa, deduce. «Puede contaminar más una de 300 cabezas que está en un sitio determinado que otra de 2.000 ubicada en otro lugar», expone a modo de ejemplo. A su juicio, «el sector del porcino es de los más regulados, lo que no exime de ser más exigentes para solucionar el problema». La amenaza que vislumbra es «comercial». Admite que hay un aumento de la demanda exterior y añade que «cuando el consumo es fundamentalmente interno, el sector es más estable».
El Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma intenta trazar los topes máximos en cuanto a capacidad que han de tener las explotaciones de porcino para que un proyecto pueda considerarse como macrogranja. Tomás Quintana alude en su dictamen que «la normativa española ha establecido un límite que no puede ser superado en ningún caso. El Procurador del Común toma como referencia el Real Decreto 324/2000 en el que se estipulan las normas básicas de la ordenación de las explotaciones porcinas. Su articulado fija el máximo en 720 unidades de ganado mayor (cerdas reproductoras), ampliables hasta 860 con el permiso de la autoridad en sanidad animal.
Así pues, de las autorizaciones registradas entre 2016 y 2018, solo los proyectos previstos en Sebúlcor, Nieva y Chañe superan ese límite de capacidad, ya que están preparados y autorizados para 745, 840 y 854 unidades de ganado mayor, con 6.837, 9.607 y 7.200 plazas para cerdos de cebo, respectivamente.
El análisis previo a la resolución del Procurador del Común vincula el aumento de las explotaciones de gran tamaño con la subida experimentada en las exportaciones de la producción porcina, una demanda internacional que admite el presidente de la Unión de Campesinos en Segovia, Juan Manuel Palomares.
La resolución del Procurador del Común sobre el polémico fenómeno al alza de las macrogranjas de cerdos concluye con seis puntos que son en el fondo seis demandas que hace Tomás Quintana a la Junta. El Defensor del Pueblo en la comunidad reconoce que se necesitan medidas para atajar la preocupación expresada por algunos colectivos, sobre todo ecologistas, que rechazan este tipo de instalaciones. Quizás la intervención «más directa» de todas por su concreción, según el presidente provincial de Unión de Campesinos (UCCL), Juan Manuel Palomares, es la que insta al órgano competente a aplicar «una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino», así como para aquellos proyectos que solicitan un aumento de la capacidad sobre la existente. Dicha ampliación del plazo para las pertinentes autorizaciones las restringe a las zonas que se declaren especialmente vulnerables por el riesgo de contaminación.
Entornos –añade la resolución de Tomás Quintana– en los que los informes preparatorios «establezcan que la fuente principal del nitrógeno aportado a las tierras tenga su origen en la actividad ganadera, salvo que los titulares adopten medidas para minimizar el impacto ambiental». Y aquí está una de las referencias a las que alude el Procurador del Común que pueden servir de guía para la Junta. Tomás Quintana pone como ejemplo «la gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas» propuesta por la Generalitat de Cataluña para, precisamente, reducir al máximo posible el riesgo de contaminación en las zonas vulnerables por su vinculación a la actividad ganadera.
Esta reclamación entronca con otra de las iniciativas que sugiere a la Junta. Se trata de aprobar un programa para «implementar herramientas informáticas que permitan el control de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola de las zonas declaradas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de la función agraria». De nuevo, se fija en la gestión catalana y en el «control del fraude en la duplicidad de la declaración de tierras donde se vierten los purines». Recuerda que, a partir del 1 de enero, en Castilla y León estará prohibida la aplicación de purín en superficies agrícolas mediante sistemas de plato, abanico o cañones.
A su vez, apremia a la Administración regional para que dé luz verde al nuevo decreto que designará las zonas vulnerables. El actual mapa está en vigor desde 2009. En Segovia hay cinco áreas de riesgo de contaminación por el vertido de nitratos de origen agrario: una corresponde al término de Navas de Oro; otra engloba a Escarabajosa de Cabezas, Cantimpalos y Encinillas; una más incluye a Zarzuela del Pinar, Fuentepelayo y Navalmanzano; otro agrupa a Cantalejo, Cabezuela, Veganzones y Turégano, y la quinta afecta al término de Chatún.
Además de reclamar una planificación de inspecciones con el fin de comprobar que se ajustan al marco europeo de las llamadas Medidas Técnicas Disponibles y de impulsar el control de oficio y de abrir expedientes en caso de incumplimiento, el Procurador del Común también insta a que se aprueben medidas específicas de apoyo a los profesionales que garanticen la implantación de «plantas de generación eléctrica o de biogás para reducir la carga contaminante mediante un sistema alternativo». El informe cita la moción de 2015 de la Diputación de Segovia para la reactivación de la planta de tratamiento de Turégano, que aún no ha entrado en servicio.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.