La Junta de Castilla y León respalda la creación de un segundo Juzgado de lo Social en Segovia

En el informe en el que se respalda la necesidad del segundo Juzgado de lo Social en Segovia la Junta recuerda que la competencia sobre la organización de las demarcaciones territoriales y revisión de la planta de juzgados y tribunales es competencia del Estado, pero requiere de un informe previo de las comunidades autónomas afectadas para la modificación del número y composición de los órganos judiciales. Aunque la Administración regional afirma desconocer la justificación que subyace en la elección de las setenta unidades que pretende crear el Ministerio, entre ellas las del juzgado segoviano, sostiene que «si la creación de las plazas que se proponen tiene fundamento en aliviar la previsible acumulación de litigios derivados de la crisis, las plazas propuestas en Segovia, Salamanca y León serían adecuadas y necesarias». Aunque no las incluye en su informe, la Junta también señala las necesidades en Valladolid, Soria y Miranda de Ebro.

Al respecto, la última memoria elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señaló precisamente la necesidad de implantar en la provincia de Segovia un segundo Juzgado de lo Social que contribuya a aligerar la sobrecarga de trabajo que soporta el único órgano que atiende en esta jurisdicción. El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, señala en dicha memoria que el actual juzgado sobrepasa en casi un 125 o 130% los módulos establecidos de entrada de asuntos, que sitúan el ingreso de causas en 800.

Incremento del 32%

Además, y pese a resaltar el trabajo tanto del juez titular de este órgano como del resto de funcionarios y letrados, Pando advierte de que el trabajo que asume el Juzgado de lo Social de Segovia aumenta año tras año. Como ejemplo, en 2021 ingresaron 1.320 asuntos en la jurisdicción de lo Social de Segovia, 321 más que el año anterior, lo que supuso un incremento de la carga de trabajo del 32%. En la misma memoria se señalaba que había cerca de 900 procesos pendientes al finalizar el año pasado, una cifra alta que, sin embargo, fue mayor todavía en 2020. De hecho, los retrasos en los señalamientos se redujeron de once a nueve meses.

El pasado mes de mayo, el Poder Judicial ya trasladó al Ministerio de Justicia que el segundo Juzgado de lo Social en Segovia es «imprescindible». Por aquel entonces, y pese a celebrar que la petición de Segovia se encontraba entre las valoradas, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia temía que para este ejercicio tuviera prioridad la solicitud de un nuevo Juzgado de Primera e Instrucción en Valladolid, otra de las reclamaciones del TSJ que, sin embargo, no figura en el informe que la Junta de Castilla y León ha trasladado al Ministerio de Justicia.