El juicio sobre la contratación en Cultura cuestiona los procesos desde 2011, cuando la alcaldesa era concejala

La representación legal de la acusación ejercida por el Partido Popular ha defendido en sus conclusiones la «capacidad de influencia» de la actual edil para favorecer la contratación de su hermano en la licitación de finales de enero de este año en curso. Asimismo, el letrado ha puesto de relieve «el grave defecto» en el que habría incurrido el Consistorio de la capital ya que el procedimiento de adjudicación del servicio técnico de La Cárcel «careció del preceptivo informe jurídico que ha de hacer el secretario del Ayuntamiento para garantizar el proceso».

Dicha acreditación a la que se refiere el abogado de la acusación sirve -tal y como ha expuesto- para «prevenir fraudes», como el que denuncia el grupo municipal del Partido Popular consistente en la fragmentación del contrato juzgado para convertirlo en menor y favorecer su adjudicación. El representante legal del Ayuntamiento niega que sea necesario dicho informe y ha defendido la legalidad y limpieza de los procedimientos llevados a cabo por la administración local.

En concreto, respecto a la impugnación que hace el PP de la licitación del 29 de enero de este año, el letrado concluye que «se redujo de forma artificial» el contrato de 27.000 euros «para eludir el límite establecido para los contratos mayores de 15.000 euros». Según el abogado de la acusación, dicha vinculación laboral se 'partió' en dos partes de 13.500 euros cada una.

En su exposición, la acusación recuerda que este método se repite «en periodos anuales desde 2011». En dicha época, la actual alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, era la responsable de la Concejalía de Cultura. «Desde entonces se han concatenado los contratos [supuestamente irregulares] sin dejar de cubrir ningún espacio», apostilla el letrado, que de esta forma también rechaza la argumentación del Ayuntamiento de que esas contrataciones [de Luis Aguiar] fueran «esporádicas y puntuales».

El juicio contencioso se centra en la última adjudicación del servicio técnico de La Cárcel para el ejercicio en curso, lo que atañe a la que era edil en ese momento, Gina Aguiar, a quien la acusación le achaca la «voluntariedad» de facilitar el contrato a su hermano. «No esperó a tener tres ofertas», apunta el abogado, ya que los otros dos licitadores las presentaron después que Luis Aguiar, cuya propuesta se produjo un día después de anunciar el presupuesto de la contratación, añade el letrado que defiende los intereses del PP municipal.

Otro de argumento sobre el que sustenta la petición de anulación del proceso de contratación realizado por Cultura por fragmentar la adjudicación es que la vinculación laboral que se prestaba «no era por seis meses, sino por un año prorrogable a un segundo, lo que evidencia que no se trata de una necesidad laboral esporádica, sino que es una relación constante y permanente», en contra de lo que ha venido esgrimiendo el Consistorio de la ciudad.

La representación legal del Ayuntamiento de Segovia, que ha intervenido a través de videoconferencia en la vista de este miércoles, ha negado las acusaciones y ampara parte de sus alegaciones en la ausencia de pruebas que demuestren el trato de favor de la Concejalía de Cultura, con Gina Aguiar al mando, al hermano de ésta a la hora de adjudicar el servicio técnico de La Cárcel. «No se ha aportado prueba de la influencia o de la intervención» de la edil, ha subrayado el letrado del Consistorio.

Asimismo, en sus conclusiones ha llamado la atención sobre la «contradicción» en la que incurre el Partido Popular en su acusación. «Se afirma que la contratación de Luis Aguiar se hizo por la influencia de la concejala; pero al mismo tiempo se admite que había sido contratado ya desde 2017, antes de que Gina Aguiar fuera nombrada concejala», ya que accedió al cargo en Cultura tras las elecciones municipales de 2019. Así pues, «difícilmente puede entenderse que la contratación es por la intervención de la concejala de Cultura».

El juicio ha quedado visto para sentencia tras apenas media hora de vista. En la sala del Juzgado de lo Contencioso de Segovia han estado el portavoz del grupo municipal del PP, Pablo Pérez, y los concejales Marco Sandulli y José Luis Horcajo.