Secciones
Servicios
Destacamos
claudia carrascal
Segovia
Martes, 20 de noviembre 2018, 12:08
Quince jueces y fiscales se concentraron ayer en la sede de la Audiencia de Segovia para reclamar la independencia real del poder judicial, así como medios materiales para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos. Solo ocho de los dieciocho magistrados secundaron la huelga que ... estaba convocada en toda España. Según ha informado el Gobierno central, en el cómputo nacional el 18,7% de los funcionarios de la Administración de Justicia ejercieron su derecho a parar, en los que se incluyen también los cuerpos de gestión, auxilio y tramitación, médicos forenses y facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio.
En Castilla y León, de las 3.121 personas que estaba llamadas a la huelga, la han seguido 405, lo que sitúa la respuesta en casi el 13%, según se extraer de los datos facilitados por el Ministerio de Justicia. En la comunidad, el paro ha obligado la suspensión de 117 actuaciones judiciales. El decano de los jueces, Jesús García, leyó manifiesto en el que el colectivo insiste en que la elección del próximo del presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una situación «insostenible». Además, subraya la necesidad de separar a las fuerzas políticas para evitar que se generen dudas.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, reconoció que este modelo de nombramiento no afecta al trabajo diario y que «las influencias no existen» porque los jueces son «perfectamente independientes y no aceptan órdenes ni directrices». A raíz de su experiencia, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni ninguno de sus miembros tratan en ningún caso de interferir en la actividad de los jueces, hasta el punto de que es «inimaginable que puedan llamar para interferir en cualquier cuestión particular del trabajo judicial».
Así pues, el trabajo real de los jueces no se ve condicionado por esta elección del responsable del Tribunal Supremo por parte de los grupos políticos, pero sí que supone un problema para la imagen de independencia de la justicia que tiene la sociedad, según Pando. Este mecanismo de elección tampoco es el marcado por el Tribunal Constitucional que, en su momento, determinó que tendría que hacerse «garantizándose la elección de los mejores en base a unos criterios objetivos».
Lejos de cumplirse, este método ha degenerado, tal y como explica, en «una especie de intercambio de cromos» que lleva a una situación contradictoria, cuando en realidad la decisión del Parlamento debería de ser más objetiva.
Asimismo, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia recordó que este sistema de designación lleva vigente de 1985, fecha desde la cual los jueces llevan insistiendo en la necesidad de volver al mecanismo que emplean muchos de los países de la Unión Europea, y por el que en España la propia judicatura elegiría a doce de los veinte magistrados que conforman el Consejo General. Sin embargo, lamentó que, a pesar de estar en algunos programas electorales, ningún partido ha dado el paso de sacarlo adelante.
Debido a esta convocatoria de huelga nacional ayer muchos de los fiscales no se personaron en los litigios y se suspendieron gran parte los juicios ordinarios de los juzgados de Segovia, Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva, exceptuando los servicios mínimos. En este sentido, Pando matizó que hay asuntos que hay que atender necesariamente, como ocurre con los casos en los que hay detenidos o si se trata de cuestiones que afectan a la libertad de las personas.
El presidente de la Audiencia precisó que los diecisiete presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España se han adherido a los postulados de esta huelga, aunque por su carácter institucional no han participado en la misma.
Por otra parte, el presidente de la Audiencia se refirió al asunto del impuesto de las hipotecas y afirmó que, aunque no debería de haber deteriorado la imagen de la justicia «parece que sí que ha afectado». Eso sí, hizo hincapié en que se trata de una decisión de organización de la sala tercera, que «nada tiene que ver con las demás salas», mientras que las críticas responden al interés de algunos sectores de fomentar el descrédito y desprestigiar al Supremo con sus futuros juicios, apostilló.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.