Jornadas de más de doce horas, sin días libres y por 900 euros al mes

Según recoge en su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Público, la mujer contrató en primer lugar a un matrimonio hondureño -que residía en territorio español en situación irregular- para realizar labores domésticas, de jardinería, de camarera, de mantenimiento, recogida de leña, cuidado de los animales y ayuda con las cacerías. Vivían en la finca junto a su hijo menor de edad y bajo la promesa de regularizar su situación.

Las condiciones de trabajo impuestas por la acusada eran jornadas de doce horas diarias o más (desde las 7:00 hasta las 23:00 horas con una pausa por la tarde), por lo que cobraban cada uno de ellos 900 euros al mes. No tenían asistencia médica, descansos o pagos de horas extras. Además, fueron despedidos tan pronto la acusada tuvo conocimiento de que la mujer estaba embarazada. El hombre, que realizaba sus funciones bajo la dirección del encargado de la finca, sufrió lesiones en un ojo desbrozando lavanda y en la rodilla durante una cacería.

Tras prescindir de los servicios del anterior matrimonio, la acusada contrató como guardeses a otro que también residía en España en situación irregular junto a su hijo menor de edad. Las condiciones de trabajo eran similares en cuanto a duración de la jornada y por el mismo importe, con la misma ausencia de derechos. Además, y según el relato de la Fiscalía, la acusada diariamente decía a la mujer del matrimonio que era «muy bruta y muy lenta» en su labor, por lo que esta necesitó tomar medicación contra la depresión.

Finalmente, la acusada prescindió de los servicios del segundo matrimonio el mismo mes en el que la mujer estuvo enferma. Además, descontó de su retribución mensual el tiempo que por enfermedad no pudo trabajar.

El Ministerio Público concluye que la acusada se aprovechó de las circunstancias y de la necesidad «imperiosa» que ambos matrimonios tenían de trabajar para, en provecho propio, darles trabajo sin contrato, con jornadas maratonianas, sin ropa de trabajo, formación, herramienta alguna y careciendo de las más mínimas medidas de seguridad. De la situación, precisa la Fiscalía, era «plenamente conocedor» el encargado de la finca.

Durante el periodo en el que tuvo trabajando a los dos matrimonios sin contrato, la acusada defraudó a la Seguridad Social más de 9.100 euros.