Investigan a Óscar Gil por un posible delito urbanístico en Los Ángeles de San Rafael

Las instalaciones, aunque pertenecen al término municipal de Otero, forman parte de la urbanización construida por la familia Gil en Los Ángeles de San Rafael, como explica el alcalde del municipio, Meinardo Sanz. Sin embargo, la zona pertenece a la Red Natura 2000 y para edificar, al tratarse de suelo rústico, se requiere una autorización excepcional que la promotora de Gil nunca logró, según la versión de Ecologistas en Acción. De hecho, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia se la denegó el 31 de agosto del 2016. Gil entonces recurrió y el juzgado desestimó el recurso. Así lo explica Luis Oviedo, de Ecologistas en Acción, una organización que desde entonces lleva denunciando esta situación.

Aun así, la compañía de Gil siguió adelante con el proyecto. «Cuando estaban las obras a medio hacer, el Seprona levantó un atestado y hubo una suspensión que no se respetó. En febrero de 2017, el Seprona solicitó al Ayuntamiento esta licencia y dijeron que no, y entonces comenzó el atestado que dio origen a las diligencias, pasando a la Fiscalía y luego al Juzgado», explica. Según Oviedo, el Ayuntamiento de El Espinar fue quien rechazó la licencia urbanística, aunque Sanz cree que el Ayuntamiento de Otero de Herreros era entonces el organismo competente de otorgar o no ese permiso.

El complejo deportivo se sitúa al pie de la sierra de Guadarrama, en los valles del Voltoya y el Zorita, en una zona protegida por la Directiva Hábitat por pertenecer a la Red Natura 2000 y ser una Zona Especial de Conservación (ZEC) así como una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). «Es un espacio que está protegido donde no se puede hacer construcción alguna», declara Oviedo. Además, apunta que es una zona donde se encuentra en marcha el plan de recuperación del águila imperial ibérica, una especie en extinción, lo que obliga a que «cualquier actuación que se haga sea compatible con la protección de esta especie», apunta.

Además de construir sin licencia las instalaciones deportivas, la organización conservacionista asegura que la compañía de Gil llenaba la balsa para regar los campos de fútbol extrayendo agua de un río cercano «sin tener tampoco licencia para ello». «En realidad lo que han hecho es hacer todo a las bravas», manifiesta. El artículo 320 del Código Penal, que regula los delitos urbanísticos y sobre la ordenación del territorio, castiga este tipo de infracciones con penas de prisión de un año y medio a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Los responsables de este presunto delito, para Ecologistas en Acción, son tanto los administradores de la compañía como la propia entidad. «Nosotros vamos a pedir que también sea investigada», sostiene Oviedo.

A pesar de que el proceso judicial tardará tiempo en resolverse, Ecologistas en Acción asevera que si finalmente se declarase a Gil como culpable de un delito urbanístico, el complejo deportivo de Otero de Herreros tendría que demolerse. «Durante muchos años, se ha discutido si la condena penal llevaba aparejado la demolición de lo indebidamente construido», dice, y hace referencia a una sentencia a una sentencia del Tribunal Supremo que «ha puesto fin al debate», ya que señala que la consecuencia es la demolición.