Investigados un promotor, dos constructores y un director técnico por edificaciones ilegales en Cuéllar

La Guardia Civil de Segovia ha investigado a cuatro personas autoras de un presunto delito contra la ordenación del territorio, hechos ocurridos desde el año 2019 hasta la actualidad en la localidad de Cuéllar, según informa la Subdelegación del Gobierno. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia Provincial localizó el pasado mes de abril unas obras en las que en suelo rústico no urbanizable se estaba ejecutando diferentes construcciones cuyos usos no estarían contemplados por la normativa urbanística para esta clase de terrenos.

El Instituto Armado inició las pesquisas correspondientes para concretar los trabajos llevados a cabo. Durante la investigación, comprobó las características de las edificaciones levantadas, que consistían en una nave quince veces mayor a la permitida en la licencia y un merendero con piscina, carentes de autorización, por lo que «eran completamente ilegales», indican fuentes de la Subdelegción.

Posteriormente, se solicitaron al Ayuntamiento de Cuéllar los informes municipales. En estos documentos se concluía que las construcciones efectuadas no se correspondían con las solicitadas en el proyecto, la parcela no contaba con la superficie mínima exigida en las normas municipales, ni con los retranqueos establecidos y el uso pretendido no estaba permitido para esa finca. Las construcciones mencionadas no eran autorizables al no poder ser legalizada la nave y no estar contemplado por la normativa el uso del merendero con piscina de ocio tiempo libre privado para el tipo de suelo -rústico común- en el que se asentaba.

A partir de estos resultados, la Guardia Civil procedió a la investigación del promotor de las obras, de los constructores y de un director técnico de los trabajos a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se acusa al dueño de las edificaciones de un delito de desobediencia, al haber hecho caso omiso a la orden de paralización de las obras dictada en un decreto de la Alcaldía de diciembre de 2019.

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia insiste en que hay diferentes usos urbanísticos que están prohibidos por la legislación vigente para el suelo rústico. Especialmente restringidas están las edificaciones con un uso residencial, las cuales solamente podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo y prácticamente solo cuando amparen viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de prisión, multa de doce a veinticuatro meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.

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