Investigado por atar las patas a dos caballos para limitar su desplazamiento

La Guardia Civil investiga al propietario de dos caballos que fueron maniatados para limitar su desplazamiento en la zona de la sierra. Los animales presentaban heridas de diversa consideración, hasta el punto de que uno de ellos, una yegua, tuvo que ser sacrificada. Las diligencias judiciales por un posible delito de maltrato animal han sido remitidas al juzgado de instrucción de Segovia.

La investigación comenzó cuando, tras recibir el aviso de varios vecinos, el destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza de Sierra de Guadarrama de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia localizó a dos caballos que presentaban graves heridas en sus patas. El origen de las lesiones era que ambos animales habían sido maniatados por su propietario para limitar su desplazamiento.

Para ello, el dueño colocó las cuerdas -de las usadas para atar pacas de paja- sobre las extremidades tanto delanteras como traseras de los animales, causando cortes y heridas de diversa consideración. Uno de los animales era una yegua que se encontraba tumbada y que no podía levantarse a causa de las lesiones producidas. Finalmente, tuvo que ser sacrificada ante la imposibilidad de su recuperación y para evitar sufrimientos innecesarios. El otro ejemplar era un caballo que cojeaba ostensible por idénticos motivos.

La Guardia Civil procedió a la localización del dueño de los animales, al que se le requirió para que liberase a los animales de las ataduras, exhortándole a que requiriese los necesarios tratamientos veterinarios para su cura.

Por parte de la Unidad Veterinaria del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Segovia se realizó el correspondiente informe facultativo sobre la gravedad de las heridas que presentaban los animales, así como por las causas que las habían ocasionado. Por dicho motivo, los componentes de la Unidad del Seprona que actuaron procedieron a la investigación del propietario de los caballos como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Además de este procedimiento penal, se formularon varias denuncias administrativas por infracciones en materia de Sanidad Animal que se enviaron al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

El Código Penal prevé penas de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

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