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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dejaba entrever en su visita de este viernes que el capítulo inversor diseñado en el proyecto de Presupuestos de la Junta para el curso que viene en la provincia iba a ser de « ... récord». Pues bien, sumadas las inversiones y las transferencias de crédito recogidas en el documento presentado por el Gobierno regional, la Administración autonómica, a través de sus diferentes consejerías y de los entes, sociedades y fundaciones que trabajan bajo el paraguas público del Ejecutivo castellano y leonés, gestionará en la provincia 78,7 millones de euros durante el ejercicio 2023, de los que poco más de 56 millones corresponden a partidas provincializadas programadas por los departamentos en sus respectivas propuestas presupuestarias.
Más allá de si se trata de una marca histórica en términos contantes y sonantes, lo cierto es que el conjunto de estos dos apartados de gasto constituye un incremento algo superior al 183% con respecto a las cuentas anuales que están todavía vigentes, tal y como han presumido fuentes de la Junta consultadas para traducir al ámbito provincial el impacto presupuestario planificado por el Gobierno regional.
Esta inyección de financiación prevista procedente de la comunidad para el desarrollo de proyectos en el territorio segoviano pone en evidencia el lastre que arrastra la provincia y que ha sido ampliamente denunciado tanto en foros políticos como por parte de distintos estamentos de la sociedad civil. Representantes institucionales o de organizaciones sociales y económicas han reiterado «el abandono» al que se ha venido sometiendo a la provincia, una queja que retumbó más alto y fuerte cuando la pandemia del coronavirus descosió las costuras frágiles de las infraestructuras sanitarias.
Precisamente la ampliación del complejo hospitalario está entre las partidas presupuestarias de la Consejería de Sanidad, pero no es la más cuantiosa. El proyecto, según el boceto contable de la Junta, tiene un coste total que rebasa los 32 millones de euros. De momento, hay que moverse más en otros terrenos más administrativos que no sobre los que pretende expropiar el Gobierno regional para construir la nueva infraestructura sanitaria, que cuenta con el marchamo de interés regional para acelerar tramitaciones. La consignación para el año 2023 es de 320.000 euros, en torno al doble que la de este 2022 pero de la que se deduce que el movimiento de obras va a tener que esperar.
El plan plurianual prevé una financiación de 1,2 millones de euros en 2024, que se reforzará en 2025 con otros ocho millones de euros. Los cerca de 22,5 millones que aún quedarían se invertirían en las siguientes anualidades, por lo que el proyecto se emplazaría hacia los años 2027 y 2028, a tenor de la extrapolación contable, sin olvidar que la propuesta incluye la implantación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid.
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