El interés de los ayuntamientos del alfoz segoviano por instalar cámaras de tráfico se dispara

No es fácil, coinciden algunos de los alcaldes consultados. Si bien son conscientes de la utilidad de estos dispositivos, también saben de la sensibilidad que suscitan en la población y de lo estricta que es la legislación sobre la protección de datos. Así, los ayuntamientos intentan dejar atados y bien atados todos los cabos en cuanto al uso que se le va a dar y sus localizaciones. Ese interés creciente de los ayuntamientos del cordón metropolitano por contar con estos sistemas se fija en los resultados satisfactorios que hasta ahora ha conseguido Trescasas, el primer municipio que apostó por estas instalaciones.

Su alcalde, Borja Lavandera, subraya el «efecto disuasorio» que genera ya solo el panel informativo sito en los accesos en el que se avisa de que ese tramo por el que se va a circular es una 'zona videovigilada'. Persuasivo para los conductores por si se les ocurre pisar más de lo debido el acelerador... y para los delincuentes que hubieran pensado actuar en la localidad. «Se nota que han bajado los robos», revela Lavandera.

En este municipio en claro crecimiento demográfico, con cada vez más asentamientos residenciales de familias jóvenes en viviendas unifamiliares, la seguridad se valora. El alcalde detalla que «la videovigilancia es competencia del Ayuntamiento, aunque se trabaja en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Es decir, «no es un 'Gran Hermano'», ahonda en su exposición.

Trescacas tiene tres cámaras, una en cada acceso viarios al núcleo urbano y una cuarta en el punto limpio. El regidor incide en que «la competencia sobre el tráfico es del Consistorio», ya que al fin y al cabo estos dispositivos están instalados con el objeto de controlar la circulación.

El modo en que se coordina esta competencia municipal con el trabajo de la Guardia Civil o de la Policía Nacional es «a demanda». Es decir, «el tratamiento de la información [recogida por las cámaras] se hace a requerimiento» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o bien de oficio por parte del propio Ayuntamiento. La petición de estos documentos visuales por parte de las autoridades policiales se produce en «múltiples ocasiones», añade Borja Lavandera. En el fondo, «funcionan como las cámaras que tiene un banco: la Guardia Civil o la Policía pueden pedir las imágenes para sus investigaciones sobre otros temas», mientras el Consistorio emplea la videovigilancia para controlar si se cometen infracciones de tráfico. El rigor que impone la legislación sobre la instalación de estos dispositivos que solo dos personas tienen acceso a las imágenes tomadas a través de estas cámaras, revela el alcalde de Trescasas.

Este Ayuntamiento ha adquirido «la última tecnología disponible». Los dispositivos de grabación gozan de una gran resolución de imagen, lo que también agradecen las fuerzas del orden cuando se remiten a este tipo de pruebas en las investigaciones de actos delictivos. Lavandera revela que el coste de las tres cámaras ubicadas en los acceso a la localidad ascendió a unos 8.000 euros. Hay que tener en cuenta –precisa el alcalde de Trescasas– que la instalación ha supuesto el emplazamiento de varios repetidores de señal ya que funcionan de manera inalámbrica, así como de una centralita y un almacenamiento. La videovigilancia del punto limpio es diferente, más cara en proporción al operar mediante placa solar.

El otro municipio que ha ubicado cámaras de tráfico es Valverde del Majano. Su alcalde, Javier Lucía, hace hincapié en el tratamiento escrupuloso que se hace para no traspasar las fronteras legales. Además de la localizada en el entorno del monumento a la ganadería que da la bienvenida a la localidad, hay otros dispositivos en el polígono. «Todos están muy bien justificados», asevera el regidor, quien además precisa que en la selección de los emplazamientos también participaron las fuerzas del orden con el fin de amoldar la eficacia al marco legal.

La experiencia de Trescasas ya está sobre la mesa en otros ayuntamientos del alfoz. El algunos, como pueden ser los casos de La Lastrilla o del Real Sitio de San Ildefonso, el proyecto está en una fase más embrionaria. Como apunta el regidor granjeño, Samuel Alonso, «es cierto que ha habido conversaciones sobre ello, pero no nos hemos puesto en serio». Otros han avanzado más en la compleja y exigente tramitación administrativa para cumplir con la legalidad vigente que regula la videovigilancia y la protección de datos. Palazuelos de Eresma o Torrecaballeros están en ello. Que este último municipio adopte la medida resulta muy interesante para la Guardia Civil, ya que la carretera que cruza la localidad es muy frecuentada por grupos de ciclistas y la Benemérita cree que la colocación de cámaras puede reforzar la seguridad vial por este punto. Lo mismo piensa de la videovigilancia en los accesos a Cantalejo dada la alta densidad de tráfico que soporta.

Otro municipio que sopesa la puesta en marcha de esta medida es Hontanares de Eresma, otra de las excepciones en la provincia por su formidable crecimiento demográfico. La alcaldesa, María Vallejo, confirma que el Ayuntamiento va a estudiar la opción para controlar, además, de tráfico, «conductas incívicas, como depositar residuos donde no se debe».