El INSS acogerá los días 27 y 28 un macrojuicio histórico en Segovia con 48 acusados

El juicio se celebrará los días 27 y 28, a las 9:30 horas, en el edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ubicado en la calle Pinar de Valsaín. El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, explicó que la vista se celebrará «en una sala situada al fondo del edificio» y que la idea es habilitar como acceso la entrada trasera, donde se adoptarán medidas de seguridad.

En el epicentro de esta macrotrama, desarrollada entre los años 2009 y 2012, está H. M. P., a quien la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, atribuye «la elaboración de contratos falsos a trabajadores extranjeros a los que daba de alta en la Seguridad Social para que estos, mediante la entrega de precio en algunos casos o de forma desinteresada en otros, pudieran regularizar su situación en España y solicitar y percibir prestaciones o subvenciones de la Seguridad Social».

Los contratos firmados, que eran comunicados al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social, «reflejaban la realización de obras o servicios que, en ningún caso, se iban a llevar a cabo, circunstancia conocida por todos los firmantes», afirma el Ministerio Público. Además, la compañía no figuraba en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) y no tenía actividad real. Pese a dar de alta a los trabajadores, H. M. P. no abonó las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, por lo que generó una deuda superior a los 569.120 euros.

Para el cabecilla es la petición de condena más alta: tres años y siete meses de cárcel. El fiscal pide para el principal acusado veintidós meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y un año y nueve meses por un delito contra la Seguridad Social, así como un millón de euros de multa. El resto se enfrentan a un año de prisión y ocho meses de multa, con una cuota diaria de doce euros.

La operación 'Aquileo' marcó un hito en la lucha contra el fraude de la Guardia Civil en la provincia. Un amplio dispositivo culminó con la detención de 61 personas y la imputación de otras doce más en Segovia, Ávila, Madrid, Alicante, Murcia, Gerona, Las Palmas y Toledo. La investigación se llevó a cabo en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo y con el apoyo también del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Segovia.

Fue en noviembre de 2012 cuando se anunció el desmantelamiento de la extensa trama, cuyo núcleo se localizó en Segovia. Según se explica en el escrito de Fiscalía, el procedimiento «ha estado parado, por causas ajenas a los acusados, desde julio de 2013 hasta enero de 2016». Las investigaciones empezaron a raíz de las sospechas levantadas en varias provincias, entre ellas la segoviana, por el gran número de extranjeros que usaban contratos de trabajo de una constructora radicada en esta provincia con el fin de regularizar su estancia en España.

Ese fue el detonante, aunque detrás de esta operación 'Aquileo' estaba también una trama desarticulada por la Guardia Civil unos meses antes, que se resolvió entonces con cinco detenidos como presuntos integrantes de una red que regularizaba fraudulentamente a inmigrantes hindúes, para lo que usaban registros municipales de parejas de hecho.

Las pesquisas permitieron constatar que la empresa no tenía actividad laboral alguna que justificara la cantidad de empleados que poseía. Incluso esta compañía, utilizada de pantalla por el cerebro de la red delictiva, se hallaba en disolución y acumulaba pérdidas por importe de unos 150.000 euros.

La Guardia Civil comprobó que los extranjeros empleaban los contratos para solicitar el permiso de residencia y trabajo y, por otro lado, pedir prestaciones por desempleo y ayudas familiares. Los agentes también detectaron que los inmigrantes usaban la documentación laboral para fundamentar desde peticiones de reagrupamientos hasta permisos penitenciarios o préstamos bancarios.

El presunto cabecilla realizaba las actividades a través de un bar que regentaba en Segovia. Usaba el local de punto de encuentro para los 'negocios'. Según explicó en su día la Subdelegación del Gobierno, «no necesitaba hacer publicidad porque su actividad se difundió rápidamente por el boca a oído» entre la comunidad foránea, sobre todo entre los marroquíes. Los arrestos corresponden a los extranjeros que estaban sin papeles y que supuestamente recurrieron de forma voluntaria a esta trama ilegal para intentar regularizar su situación mediante el acceso a los pertinentes permisos de residencia y de trabajo.

Ante la posibilidad de que hubieran sido estafados, la Guardia Civil no albergó dudas de la intencionalidad e indicó en la detención que «conocían el fraude porque se da la paradoja de que en su caso era el trabajador el que pagaba al empresario».