Indemnizan con 55.000 euros a una menor víctima de agresión sexual en Segovia

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Quique Yuste

Los hechos se remontan a 2020, cuando el acusado inició una relación sentimental con una mujer que tenía dos hijas, así como un hijo en común. Vivían en una localidad de Segovia, donde el condenado comenzó a realizar tocamientos a una de las menores «con ánimo libidinoso y de satisfacción sexual», tanto en el propio domicilio como en un trastero, según recoge la sentencia. En aquel entonces, la pequeña acababa de cumplir los cinco años.

Tras los abusos, se produjeron varios episodios de agresión sexual, en los que incluso el hombre llegó a causar heridas a la víctima. La niña recibió amenazas y fue amedrentada con el objetivo de que no opusiese resistencia ni contase a nadie lo sucedido. De modo contrario, el procesado aseguró que «haría lo mismo» con su hermana pequeña.

La violencia se prolongó durante dos años, hasta que la niña cumplió siete y contó a su madre lo ocurrido. El 30 de junio de 2022, el juzgado dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para el encausado. Seguidamente, la Audiencia Provincial de Segovia condenó al varón a una pena de quince años de cárcel y, con posterioridad, a diez años de libertad vigilada. También debe abonar a la víctima 20.000 euros como autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresión sexual con intimidación y penetración.

La Fiscalía solicitaba 50.000 euros por responsabilidad civil y la acusación particular, 100.000 euros, por lo que esta última interpuso un recurso de apelación para reclamar tal cantidad al considerar que no se habían considerado las secuelas que padece la niña a raíz de los actos cometidos por el novio de su madre, así como el padre de su hermano. En concreto, varios informes psicológicos aseguran que la menor presenta «hechos indiciarios de estrés postraumático», a lo que se añade «un grave sufrimiento psicológico que la lleva a negarse a sí misma». Además, tiene problemas para dormir o pesadillas, por lo que en la actualidad se encuentra en tratamiento médico.

Finalmente, el juez consideró los daños morales como «evidentes y objetivos», y que están impidiendo el desarrollo adecuado de la víctima en un entorno familiar libre de violencia. Por tanto, estimó elevar la indemnización final hasta los 55.000 euros.