El PP impulsa una proposición no de ley en defensa de la educación concertada

Además, el grupo parlamentario popular pide a la Administración regional que se dirija al Gobierno de España para que en la reforma de legislativa que está llevando a cabo se mantenga el modelo educativo actual en el que la enseñanza concertada «es complementaria a la pública, no subsidiaria, garantizando así el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos», como recoge el artículo 27 de la Constitución.

Los populares quieren que se garantice que las aportaciones realizadas por las familias a los centros concertados sigan teniendo la consideración de donaciones deducibles a los efectos del IRPF cuando las mismas no conlleven contraprestación alguna por parte del donatario.

Asimismo, el PP pretende que, en relación a la Educación Especial, se asegure que los padres de menores con discapacidad conserven su derecho a elegir su escolarización en centros especiales o centros ordinarios «desde una obligada apuesta por la educación inclusiva que debe orientarse, de cara al futuro, a nuevas fórmulas organizativas y de escolarización» que aseguren la inclusión y la atención especializada.

Los procuradores indican que en Castilla y León la red de centros, configurada en un 70% por entidades públicas y en un 30% por privadas concertadas, permite que «el alumnado de esta comunidad se encuentre a la cabeza de los resultados de las pruebas del informe PISA».